El Departamento de Estado reportó ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias tras los operativos del gobierno de Daniel Noboa contra el crimen organizado
Un informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que en Ecuador se produjeron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias desde la declaración del conflicto armado interno, emitida por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. El reporte forma parte del documento anual sobre prácticas de derechos humanos, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del gobierno estadounidense.
Aunque el gobierno ecuatoriano afirmó, según el reporte, haber tomado medidas para identificar y sancionar a funcionarios que hayan incurrido en abusos, el informe incluye casos documentados de violaciones graves a los derechos humanos por parte de fuerzas estatales durante operativos de seguridad dirigidos contra grupos criminales calificados como terroristas.
Entre los casos más graves se encuentra el asesinato de 15 personas en el marco de las operaciones militares autorizadas por decreto ejecutivo. La medida permitía a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en acciones contra 22 organizaciones de crimen organizado, pero generó preocupación internacional debido a los posibles excesos cometidos durante su implementación.
Uno de los testimonios recogidos por el Departamento de Estado detalla que militares sometieron a detenidos a prácticas degradantes, como sumergirles la cabeza en tanques de agua mientras les aplicaban descargas eléctricas para extraer información sobre armas o drogas. Otro episodio señala que los oficiales los hacían acostarse boca abajo y les pisaban con las botas distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, el cuello y la espalda.
Organizaciones no gubernamentales también reportaron múltiples arrestos arbitrarios realizados durante los estados de excepción. Solo entre el 8 de enero y el 8 de abril, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos registró al menos cinco detenciones sin justificación legal, tres de ellas cometidas por militares y dos por policías. No obstante, el informe advierte que la cifra real podría ser mucho más alta, dado el número de denuncias no sistematizadas por temor a represalias.
Aunque no se cita en el informe, en diciembre de 2024, la detención irregular de cuatro menores por parte de militares y el hallazgo de sus cuerpos incinerados encendió las alertas sobre el uso abusivo de las fuerzas de seguridad. El caso continúa en investigación.
En paralelo, el documento destaca que la violencia en las cárceles continuó escalando durante 2024. Grupos armados al interior de los centros penitenciarios provocaron motines y fugas, mientras que desde el exterior se registraron actos de violencia dirigidos a intimidar a periodistas, funcionarios públicos y medios de comunicación. El caso más emblemático ocurrió el 9 de enero de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en vivo en el estudio de TC Televisión en Guayaquil y mantuvo como rehénes a varios trabajadores del canal.
La libertad de prensa fue otro derecho severamente afectado, según el informe. El informe cita que Fundamedios reportó 22 agresiones contra periodistas perpetradas por bandas criminales entre enero y agosto de 2024, en un patrón que incluyó amenazas, ataques físicos y censura indirecta. A pesar de estos hechos, las investigaciones oficiales fueron escasas o nulas. También se documentaron casos de censura estatal, como la eliminación de periodistas de chats oficiales o restricciones de acceso a información pública.
El informe también hace referencia a la desaparición forzada de al menos tres personas, ocurridas presuntamente en centros de detención. En uno de los casos, el gobierno respondió afirmando que el detenido se encontraba en buen estado de salud, pero guardó silencio sobre las otras dos desapariciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos.
En el ámbito laboral, el Departamento de Estado apuntó a la falta de garantías para la libertad sindical y la negociación colectiva. Según el informe, el Ministerio de Trabajo demoró o dificultó la legalización de nuevas organizaciones sindicales y en algunos casos, empleadores despidieron a los líderes antes de que los sindicatos pudieran inscribirse formalmente, sin que los tribunales ordenaran su reincorporación.
Pese a estos hallazgos, el informe cita que, en marzo de 2024, el presidente Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta, comprometiéndose públicamente con la defensa de la libertad de expresión. Posteriormente, en agosto, emitió un decreto que establece protocolos de protección y capacitación para periodistas en riesgo. Sin embargo, a la fecha, el mecanismo de protección de periodistas, que debe ser financiado por el gobierno, aún no recibe recursos económicos para proteger a periodistas en situación de riesgo.
El informe forma parte de la evaluación anual que Estados Unidos realiza sobre la situación de los derechos humanos en más de 200 países y territorios. En el caso de Ecuador, la sección sobre “temas significativos” incluye también el aumento de secuestros, extorsiones y homicidios atribuidos a bandas criminales, y hace un llamado a que las autoridades garanticen que las políticas de seguridad respeten los derechos fundamentales de la población.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado
