El convoy militar que llegó a Otavalo el 14 de octubre provocó enfrentamientos en la Panamericana Norte y reavivó el debate sobre los límites entre asistencia humanitaria y control militar. Un reporte de Infobae.
Un convoy de las Fuerzas Armadas ingresó a la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, la madrugada del 14 de octubre, tras más de tres semanas de bloqueos en el norte del país. La caravana, que partió desde Ibarra poco antes de las 04:00, avanzó por la Panamericana Norte en medio de enfrentamientos con manifestantes que intentaron impedir su paso. El operativo se produjo luego de que el Gobierno anunciara que se garantizaría el abastecimiento de víveres, medicinas y gas en las zonas afectadas por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Según medios locales y videos difundidos en redes sociales, los choques más intensos ocurrieron en los sectores de La Esperanza y Pinsaquí, donde grupos de manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes contra los vehículos militares. Los uniformados respondieron con gas lacrimógeno para despejar la vía. Entre los afectados se reportó un equipo de Teleamazonas cuya camioneta fue apedreada mientras cubría el avance del convoy. No se registraron heridos graves, aunque el Ministerio del Interior confirmó la detención de seis personas en las primeras horas del operativo.
El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la misión tenía un carácter “humanitario” y que su objetivo era permitir el paso de suministros esenciales hacia comunidades aisladas por las protestas. “No vamos a permitir que se impida el paso de alimentos y medicinas. El Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la salud de la población”, declaró en una declaración realizada en Ibarra. Sin embargo, la presencia de un contingente militar en un convoy denominado humanitario desató un debate sobre la naturaleza real de la operación.
La Cruz Roja ecuatoriana aclaró por qué el convoy militar del Gobierno no puede considerarse humanitario.
La Cruz Roja Ecuatoriana aclaró que no acompañó al convoy debido a que su despliegue no cumplía los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad que rigen las misiones humanitarias. En una comunicación dirigida al Gobierno, la organización recordó que ningún convoy puede ser considerado humanitario si está escoltado o dirigido por fuerzas armadas o policiales. “Nuestra labor no puede confundirse con acciones de carácter militar”, señaló la institución, que reiteró su disposición a colaborar solo bajo condiciones estrictamente civiles, según recogió Primicias.
De acuerdo con los estándares internacionales establecidos por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, un convoy humanitario se define como una operación de transporte y distribución de ayuda civil que actúa bajo el principio de neutralidad —es decir, sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en un conflicto o protesta— y sin el uso de escoltas armadas.
Su gestión debe estar a cargo de organizaciones civiles o agencias humanitarias, y no puede tener fines de control territorial ni de restablecimiento del orden. En contraste, el convoy enviado por el Gobierno ecuatoriano fue organizado y custodiado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que, según expertos en derecho humanitario, lo ubica más en el marco de una operación de seguridad con componentes logísticos de asistencia, pero no en el de una misión humanitaria en sentido estricto.
En Ecuador se cumplen más de 20 días de paro nacional. REUTERS/Karen Toro
Desde la Conaie, su presidente Marlon Vargas calificó el operativo como una “ofensiva militar” contra comunidades kichwas en el norte del país. En un comunicado difundido el 14 de octubre, la organización denunció que las fuerzas armadas intervinieron con “violencia desproporcionada” en la parroquia La Esperanza, dejando al menos 21 heridos y cuatro detenidos. La dirigencia indígena acusó al Gobierno de encubrir una acción represiva bajo el argumento del auxilio humanitario. “No se puede hablar de paz mientras se militariza el territorio y se criminaliza la protesta”, afirmó Vargas.
La llegada del convoy a Otavalo marcó un punto de inflexión en las movilizaciones, que hasta entonces se habían concentrado en los ingresos a Ibarra y en los ejes viales de Pichincha e Imbabura. El Gobierno informó que tras el operativo se redujo a cinco el número de vías bloqueadas en la provincia. Sin embargo, en la madrugada del lunes continuaban los cierres intermitentes en varios puntos de la Panamericana, donde se mantenían piquetes con fogatas y troncos atravesados en la calzada.
El convoy fue integrado por unos cien vehículos, incluidos camiones del Ejército y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que transportaban alimentos no perecibles, gas doméstico, colchones y medicinas. El despliegue estuvo acompañado por personal médico y funcionarios civiles, aunque las decisiones operativas fueron dirigidas por el Bloque de Seguridad. Según el Ministerio de Defensa, la presencia militar en Imbabura “se mantendrá de forma permanente” para garantizar la seguridad y evitar nuevos bloqueos.
Con información de Infobae por Yalilé Loaiza.
