El triunfo del No, el 16 de noviembre, marcó el primer revés electoral del Gobierno: expuso, con crudeza, los límites de un proyecto político que confundió encuestas con realidad, propaganda con gobernabilidad y dramaturgia digital con gestión pública.
Es evidente: más allá de su trino, al Gobierno no le interesa comprender por qué perdió, ni cómo piensan los ciudadanos, ni cuáles son sus necesidades reales. Su objetivo exclusivo era asegurar que el Sí triunfe en el Referéndum y Consulta Popular del domingo 16 de noviembre, sin espacio para la reflexión ni la autocrítica. De hecho, llegaron al extremo de barajar —ya sea por desesperación o por exceso de confianza— los nombres de posibles candidatos para una eventual Asamblea Constituyente antes de que esta fuera aprobada en las urnas y, por supuesto, antes de obtener siquiera una curul.
Quizás por ello, el presidente Noboa y su círculo de colaboradores internos y voceros externos distribuidos en distintos espacios de opinión, terminaron refugiándose en la disonancia cognitiva que los llevó a reconocer los resultados del Referéndum y Consulta Popular, pero no su derrota político-electoral, básicamente porque continúan mirándose al espejo para buscar respuestas que les permitan reconfortarse a fin de validar la supuesta eficacia de su narrativa de campaña, de su gestión gubernamental y, además, de su sistema de creencias, sostenido en el síndrome de Ícaro -que no los hace pisar sobre tierra firme por creerse portadores de una “grandiosidad exacerbada” en el poder de las chequeras- asociado a otras conductas como la vanidad y el narcisismo patológico. Todas rechazadas en un solo día por la fuerza de sus propios votantes y de muchos otros que no dieron mayor legitimidad de origen al mandato del Presidente, cuya única intención era sobrevivir al menos por dos años y medio más a punta de campañas, plebiscitos y elecciones.
En consecuencia, y para mitigar el malestar que generó la derrota política, el Gobierno recurrió a la autojustificación complaciente basada en mensajes de redes sociales e intervenciones en medios que resaltaron el cumplimiento de una (costosa) promesa de campaña (USD 59´783.375,08). No obstante, la realidad se impuso en las urnas y, de manera contundente, desmintió la tozudez del poder: el No triunfó en las tres preguntas del referéndum —Pregunta A: instalación de bases militares extranjeras (Sí 39,18% / No 60,82%); Pregunta B: eliminación del financiamiento estatal a los partidos (Sí 41,7% / No 58,3%); Pregunta C: reducción del número de asambleístas de 151 a 70 (Sí 46,29% / No 53,71%)— así como en la pregunta de consulta popular —Pregunta D: instalación de una Asamblea Constituyente (Sí 38,2% / No 61,8%)—.
En efecto, las claves interpretativas de los resultados del 16 de noviembre convergen en un punto fundamental: desde una lectura política, este desenlace evidencia la recomposición de un tercer actor no partidista con el cual el Presidente deberá aprender a lidiar tanto en las calles como en las urnas: la ciudadanía. Esta dinámica será aún más determinante si no adopta correctivos estructurales en su gabinete y en la administración del gobierno, más allá del clásico juego de la silla entre ministros que realizó hace unos días.
Sin embargo, no es posible emprender cambios profundos si el presidente Noboa decide seguir caminando sobre el mismo eje que lo condujo a la derrota. Mientras mantenga una lógica administrativa centrada en rotar nombres sin transformar el rumbo político, la distancia con ese nuevo actor ciudadano —hoy principal foco de oposición—se ampliará.
A la luz de lo anterior, resulta válido preguntar(nos): ¿Qué significación tuvo el No para los electores y para el propio Noboa, quien después de los resultados del 16 de noviembre se convirtió en el cuarto presidente (León Febres-Cordero, 1986; Sixto Durán-Ballén, 1995; Guillermo Lasso, 2023) desde el retorno a la democracia, en perder íntegramente un referéndum y consulta popular?
La seguridad, el paro y la Constituyente: el plebiscito contra el silencio y la violencia
La primera significación del triunfo del No —y quizá la más extendida en la opinión pública— radica en que los mecanismos de democracia directa, como referendos, consultas populares y revocatorias del mandato, tienden a derivar en una lógica plebiscitaria. En consecuencia, funcionan para evaluar la gestión de quien los impulsa y, además, el momento político, social y económico del país, desde que nace la propuesta hasta el día de la votación. ¿Cuál es ese momento? El de la multicrisis, la escases de medicinas en los hospitales de la seguridad social y del Ministerio de Salud; el no pago de la devolución del IVA a los adultos mayores a quienes el gobierno y sus aliados en medios de comunicación invocan solo para no sufrir ningún percance electoral; el alza de los combustibles; y, la confrontación con la Corte Constitucional -último bastión de la independencia institucional en el país-; pero también es el momento de las ausencias, los silencios y los excesos del Gobierno que no han sido fiscalizados por una Asamblea Nacional de mayoría oficialista empecinada en mantener las narrativas de la eficiencia, honestidad, trabajo y combate a la corrupción desde el archivo y el espíritu de cuerpo.
La suma de estas variables -y otras- motivaron el voto en plancha en favor del No, que tuvo más peso en los ciudadanos que el propio discurso del “conflicto armado interno” y que el espectáculo televisivo y digital que expuso el Gobierno con fotografías de políticos y terroristas privados de libertad, rapados y vestidos de naranja en una cárcel construida a medias, exhibidos días antes del sufragio del Referéndum y Consulta Popular -bajo el mismo performance de los pandilleros detenidos en El Salvador por el presidente Bukele. Acto que no se compadece en lo absoluto con el Informe 2025 de la Global Initiative against Transnational Organized Crime el cual reveló que Ecuador es el cuatro país con mayor índice de criminalidad del mundo (7,48), solo por debajo de Myanmar (8,02), Colombia (7,82) y México (7,62).
Así, mientras el Gobierno intentaba sostener un relato de control y de combate eficiente a la criminalidad mediante imágenes impactantes; los datos y la realidad cotidiana mostraban algo completamente distinto. Frente a semejante contradicción, ¿cómo podría la ciudadanía no sentirse engañada?
Pero el plebiscito no fue únicamente la oportunidad para cuestionar la acción ineficaz del gobierno en materia de seguridad, sino también su actuación durante el paro en Imbabura, donde abordó un conflicto político-social —derivado de la eliminación del subsidio al diésel— bajo las mismas excepcionalidades que habilita el estado de “conflicto armado interno”. Esta decisión derivó en el uso de mecanismos de disuasión e, incluso, de aniquilación simbólica y física contra los comuneros, dejando como saldo dos personas muertas y varios heridos. A pesar de ello, un sector de la prensa y del empresariado prefirió sostener el relato de unas ciudades y una provincia “secuestradas” antes que reconocer que hubo ciudadanos masacrados y derechos humanos vulnerados.
Si bien el paro se concentró principalmente en Imbabura, con episodios aislados en Loja y Cañar —este último acompañado de un supuesto atentado contra el Presidente que nunca se pudo probar—, las urnas terminaron convirtiéndose en la válvula de escape pacífica para expresar derechos, libertades y solidaridades que habían sido ignorados o reprimidos en las calles, pues el NO ganó en Imbabura con las tres preguntas de Referéndum y en la pregunta de Consulta Popular.
¿Qué pretendía hacer el Presidente Noboa con tanto poder? ¿Cambiar el evidente mal diseño institucional de la Constitución de 2008 atenuando el hiperpresidencialismo, fortaleciendo y garantizando la autonomía e independencia de funciones…?
Por otra parte, del mismo modo que el presidente Noboa y sus legisladores fueron incapaces de justificar la necesidad de recurrir a la democracia directa —un mecanismo reservado para situaciones excepcionales que no pueden resolverse mediante los canales representativos— tampoco lograron presentar un planteamiento mínimo, más allá de los eslóganes y del lugar común del “anticorreísmo”, que sustentara la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y -sin embargo- pidieron el voto a los ciudadanos como si se tratara de entregar un cheque en blanco en favor del gobierno.
¿Qué pretendía hacer el Presidente Noboa con tanto poder? ¿Cambiar el evidente mal diseño institucional de la Constitución de 2008 atenuando el hiperpresidencialismo, fortaleciendo y garantizando la autonomía e independencia de funciones, eliminando las funciones de Transparencia y Electoral, introduciendo el sistema de doble cámara en la conformación de la legislatura con nuevos requisitos y exigencias para aspirar a ellas? Esto es lo que nunca explicaron: cómo esa Constituyente realizaría el imperativo de protección y profundización de la democracia. Y claro, frente al silencio de un gobierno sin proyecto nacional, la respuesta de los ciudadanos ya no solo fue rechazo, sino la prudencia.
El problema no es solo el clientelismo… es que ni siquiera lo estudian bien
Una segunda lectura advierte el tipo de vinculo clientelar entre el Gobierno y los ciudadanos. En efecto, para el Presidente y su equipo, el clientelismo no funciona como una relación social y afectiva con estructura en territorio: mediadores y beneficiarios no pasivos que generan reciprocidad moral, sino únicamente como la simple “compra de votos” o transacción electoral, sin gestor, ni puente con la burocracia. La entrega de plátanos, fundas de caramelos, cocinas de inducción o juguetes con su imagen estos últimos sin comentario o acción alguna por parte del Consejo Nacional Electoral, son prueba de ello, como también la institucionalización de la caridad con bonos que superarán los USD 400 millones a finales de este año y que son presentados a manera de política pública sin producir compromiso ni lealtad alguna. Es esta última forma de entender y operativizar el clientelismo la que no caló en los ciudadanos, quienes —por más bono, beca, atención médica momentánea o pago adelantado del décimo tercer sueldo— decidieron no apoyar al gobierno como respuesta a la búsqueda instrumental del voto, sin que eso signifique la solución a sus problemas.
los promotores del primer fracaso político del presidente Noboa no fueron sólo un puñado de legisladores mal adiestrados en su trabajo. También participaron todos los engranajes del estado de propaganda.
Hablaron de más, se contradijeron y, al final, no dijeron nada. El estado de propaganda le falló al Presidente
Otra forma de interpretar la significación del No tiene relación con la campaña reactiva, contradictoria y hasta de desinformación que impulsó el gobierno a través de sus voceros oficiales y aliados. Dicha campaña puede asociarse plenamente al concepto de infoxicación, es decir, a la saturación informativa caracterizada por la hiperproducción de mensajes y estímulos —con contenido real y falso— que lejos de aclarar, confundieron y desorientaron al elector -por ejemplo- en el tema de la instalación de las posibles bases militares extranjeras en Galápagos y luego en Manta o Santa Elena y la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyo propósito no pudieron explicar dos asambleístas del partidos de gobierno. Consecuentemente, en lugar de argumentar con rigor la esencia y la necesidad de esta y las demás preguntas del Referéndum y la Consulta Popular, el gobierno terminó generando un ruido constante e innecesario que erosionó su propia credibilidad y amplificó el escepticismo social.
Pero los promotores del primer fracaso político del presidente Noboa no fueron sólo un puñado de legisladores mal adiestrados en su trabajo. También participaron todos los engranajes del estado de propaganda —financiado con recursos públicos— que beneficia a ciertos cuasi-periodistas y propietarios de medios, a comentaristas y teatreros improvisados con ínfulas de expertos —invitados frecuentes en espacios de opinión—, así como a políticos caducos resucitados de sus sarcófagos morales y electorales e influencers que monetizan sus opiniones y videos en Instagram, TikTok y en los 280 (o más) caracteres de la red social X, que convirtieron sus plataformas en un auténtico pozo séptico de agravios y difamación, dedicado al linchamiento y a la para-política digital contra cualquier expresión de pensamiento crítico o disenso racional.
El resultado: electores agobiados y desestimulados por una sobrecarga de desinformación focalizada en ataques más que en propuestas, que constataron que la “realidad” que el gobierno y sus aliados les vendieron en redes sociales —casi envuelta en papel de regalo— difería por completo de la realidad efectiva, de carne y hueso, que se vive en la cotidianidad del día a día.
Las preguntas castigo terminaron castigándolos a ellos
Las preguntas B y C del Referéndum —relativas a la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas y a la reducción del número de asambleístas— fueron diseñadas como “preguntas enganche” con dos propósitos evidentes: primero, incentivar el voto en plancha para favorecer la aprobación de la Consulta Popular sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, verdadero corazón de esta iniciativa de democracia directa; y segundo, castigar a los partidos políticos, reforzando así el carácter duopólico (ADN y RC) de la actual Asamblea Nacional.
Sin embargo, ninguno de esos objetivos se cumplió. Y no porque la ciudadanía respalde a los partidos políticos o apruebe la labor del Legislativo. De hecho, el Latinobarómetro de las Américas 2024 —que mide percepciones en 17 países de la región— ubica a Ecuador como el país donde más personas consideran que la democracia puede funcionar sin partidos políticos (58%), mientras que apenas el 17% confía en ellos. En cuanto a la Asamblea Nacional, las cifras son igual de alarmantes: Ecuador es el segundo país —solo por debajo de Perú (91%)— cuyos ciudadanos no se sienten representados por su Parlamento (88%). No sorprende, entonces, que también lidere la lista de países que creen que la democracia podría funcionar sin Congreso (57%).
El gobierno ya carga con dos años de administración, atravesados por crisis, escándalos y ausencia de obra. Los resultados del Referéndum y la Consulta Popular funcionan como un medidor de carne y hueso que debería encender alertas en Carondelet.
Con estos datos, que confirman el rechazo ciudadano a la clase política, la pregunta obvia es: ¿por qué el Presidente falló precisamente en las preguntas “castigo”? Una primera explicación es el desgaste político. El gobierno ya carga con dos años de administración —los 18 meses derivados de la muerte cruzada más los seis meses del nuevo mandato— atravesados por crisis, escándalos y ausencia de obra. En este contexto, los resultados del Referéndum y la Consulta Popular funcionan como un medidor de carne y hueso que debería encender alertas en Carondelet. Además, para los electores, la inexperiencia, la juventud o la apariencia física dejaron de ser esa excepcionalidad que antes permitía “dejar hacer y dejar pasar” cualquier exceso u error, porque ahora ese cumulo de desaciertos desembocarán en las urnas. En otras palabras, el capital simbólico del Presidente se está agotando, y el juicio ciudadano comenzó a pesar más que la narrativa oficial.
La segunda explicación se relaciona con la credibilidad del Mandatario. ¿Quién podía garantizar que un Presidente que ya había incumplido varias de sus promesas de campaña realmente destinaría a los sectores sociales los recursos que pretendía retirar a los partidos políticos y a la Asamblea Nacional? A ello se suma que la ciudadanía terminó por interiorizar que el problema del legislativo no radica en el número de asambleístas, sino en la calidad de sus representantes y su transfuguismo. Algo de lo que el Presidente Noboa tampoco ha dicho nada.
Finalmente, el 16 de noviembre no solo marcó un revés electoral: expuso, con crudeza, los límites de un proyecto político que confundió encuestas con realidad, propaganda con gobernabilidad y dramaturgia digital con gestión pública. El No fue mucho más que una respuesta puntual a cuatro preguntas; fue la expresión de un hartazgo colectivo frente a un gobierno que quiso plebiscitar su relato sin asumir sus responsabilidades. También fue el recordatorio inequívoco de que la ciudadanía se ha convertido en el actor más decisivo del ciclo político.
Alfredo Espinosa Rodríguez
Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.
Texto original en Plan V: El No que derrotó al Gobierno: cuatro claves para entenderlo
