El gobierno de Ecuador celebró su segundo año en el poder destacando los resultados de sus políticas de mano dura contra el crimen. Pero sus afirmaciones de avances en materia de seguridad no ofrecen un panorama claro de la situación en el país.
El presidente Daniel Noboa asumió el cargo el 23 de noviembre de 2023, cuando Ecuador atravesaba la peor crisis de seguridad de su historia, impulsada por el auge de organizaciones criminales como los Choneros, Lobos y Tiguerones. El mandatario respondió al aumento de la violencia declarando a estas bandas como “terroristas” y desplegando a las fuerzas armadas para enfrentarlas.
Con motivo del segundo aniversario de su gobierno, el Ministerio del Interior publicó una serie de infografías en su cuenta de X con estadísticas que, según afirma, muestran avances en delitos como la extorsión y el tráfico de drogas.
La infografía sobre extorsión señala que, en dos años, las fuerzas de seguridad realizaron 1.134 operativos contra redes de extorsión, con 2.858 detenidos y US$9,9 millones incautados.
El gráfico compara esas cifras con otras correspondientes a noviembre de 2023, según las cuales solo 160 operativos habrían dejado 329 detenidos y US$3 millones incautados. Sin embargo, no se especifica a qué periodo corresponde la cifra de 2023.
Además, el número de operativos policiales no refleja los niveles reales del delito. Datos policiales compartidos con InSight Crime muestran que las denuncias de extorsión aumentaron de 13.627 en 2023 a 14.579 en 2024, antes de caer a 5.314 en los primeros nueve meses de 2025.
El gráfico sobre tráfico de drogas presenta el mismo problema: compara 513 toneladas incautadas durante la administración de Noboa con 221 toneladas en noviembre de 2023. La falta de claridad en el periodo hace imposible cualquier comparación confiable.
Por su parte, nuestro propio cubrimiento muestra que las incautaciones de cocaína subieron de 195 toneladas en 2023 a 252 toneladas en 2024. Aunque los datos completos de 2025 aún no están disponibles, el gobierno asegura que las incautaciones podrían superar el récord del año anterior.
“El Estado responde con mayor fuerza para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Las cifras lo demuestran”, dice la publicación.
Pero esas cifras son, en el mejor de los casos, poco claras y, en el peor, engañosas. Sin un intervalo de tiempo preciso para los datos de 2023, no es posible hacer comparaciones directas con los resultados del gobierno de Noboa, lo que distorsiona la comprensión de los avances y retrocesos reales en seguridad.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio del Interior no respondió a las solicitudes de aclaración enviadas por InSight Crime.
Uno de los grandes ausentes en las cifras publicadas por el Ministerio del Interior es el homicidio. Noboa llegó al poder tras el año más violento en la historia del país, con una tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 6 por cada 100.000 registrados en 2018. Tras una leve caída en 2024, los homicidios vuelven a repuntar, y Ecuador se encamina a superar los 50 por cada 100.000 habitantes en 2025.
En el sistema penitenciario —históricamente un centro logístico y económico para las bandas del país—, las muertes violentas siguen siendo elevadas. Tres masacres carcelarias, derivadas de disputas entre bandas, han dejado más de 60 muertos en tres episodios desde septiembre, pese a que recuperar el control de las prisiones es uno de los pilares de la estrategia de seguridad de Noboa.
La estrategia de ir tras los capos
Tanto el énfasis del presidente en los operativos de seguridad como la cooperación internacional han ejercido presión sobre las estructuras de mando de las organizaciones criminales del país. Pero, lejos de desmantelarlas, estas capturas han reacomodado el tablero criminal.
La presión ha permitido detener a varios de los líderes más notorios, entre ellos William Alcívar Bautista, alias “Willy”, cabecilla de los Tiguerones, capturado en octubre de 2024; Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de los Choneros, capturado en junio; y Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, líder de los Lobos, detenido el 16 de noviembre. Las fuerzas de seguridad también han capturado a decenas de mandos regionales y locales.
Pero cuando se captura a un líder, las facciones que antes le respondían suelen enfrentarse por territorio y por el control interno de las bandas. En marzo, por ejemplo, una facción de los Tiguerones en Guayaquil, conocida como Fénix, atacó a otra llamada los Igualitos, dejando al menos 22 muertos. Según explicó la Policía a InSight Crime, la masacre obedeció a disputas internas sobre quién asumiría el mando tras la captura de Willy. En todo el país persisten ciclos similares de retaliación y, sin un plan integral para reducir la conflictividad local y desmantelar la infraestructura criminal, la violencia y la inseguridad probablemente continuarán.
En última instancia, el gobierno debe abordar una pregunta más profunda: por qué tantas personas terminan recurriendo al crimen organizado. Así lo señaló un líder social de Guayaquil que trabaja con jóvenes en barrios dominados por las bandas y que pidió mantener el anonimato por razones de seguridad.
“No hay parques de diversión, no hay programas vocacionales, no hay generación de cultura, no hay nada”, dijo a InSight Crime en abril. “Cuando el Estado se aleja, las mafias se acercan”.
Con información de insightcrime.org por Gavin Voss.
