
El 21 de marzo de 1925, la legislatura del estado de Tennessee aprobó una norma que encendería una de las controversias culturales más intensas de la historia estadounidense: se promulgó la Ley Butler, una norma que prohibía enseñar en las escuelas públicas cualquier teoría que negara la creación divina del ser humano tal como aparece en la Biblia. En la práctica, la medida apuntaba directamente contra la teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin en 1859, que estaba revolucionado la comprensión científica del origen de la vida.
Pocos meses después de aprobada la ley, la tensión se trasladó a los tribunales. En julio de ese año, un profesor de secundaria fue llevado a juicio por enseñar en clase la Teoría de la Evolución. El proceso, luego conocido como el Juicio del Mono (también Scopes Trial), se inició como un caso judicial menor en un pequeño pueblo de Tennessee, pero terminó convirtiéndose en un acontecimiento nacional.
Periodistas, científicos, políticos y líderes religiosos siguieron el proceso con atención, transformando el juicio en un escenario donde se enfrentaron dos visiones de la vida y el mundo. En el centro de la disputa no estaba solo un docente ni una lección de biología, sino una pregunta mucho más profunda: si una sociedad democrática podía, o no, prohibir la enseñanza de una idea científica.

Cuando una ley quiso detener la ciencia
Durante 1925, el sur de Estados Unidos estaba atravesado por intensos debates morales. Las transformaciones sociales de la posguerra, el crecimiento urbano y la llegada de la modernidad a las ciudades generaban una tensión constante. El país cambiaba a una velocidad inédita: nuevas tecnologías, nuevas formas de vida y una creciente confianza en la ciencia convivían con la cultura religiosa profundamente arraigada en varias regiones del territorio.
En ese clima, la Legislatura del estado de Tennessee aprobó la llamada Ley Butler, una norma que prohibía enseñar en las escuelas públicas cualquier doctrina que “negara el relato de la creación divina del hombre tal como se encuentra en la Biblia” y lo reemplazara por la idea de que el ser humano descendía de animales inferiores. En otras palabras, apuntaba directamente contra la teoría de la evolución formulada por Charles Darwin en su obra El origen de las especies.
Esa teoría sostenía que las especies no habían sido creadas de “forma fija e inmutable”, como afirmaba la interpretación religiosa literal, sino que habían evolucionado a lo largo de enormes períodos mediante un proceso de selección natural. Según el naturalista británico, todos los seres vivos comparten antepasados comunes y el ser humano forma parte de esa extensa historia biológica. Hablaba de una explicación poderosa basada en observaciones y evidencia acumulada durante décadas. Sin embargo, para numerosos líderes religiosos y sectores conservadores de la sociedad estadounidense, la teoría no solo cuestionaba el relato bíblico de la creación, sino que también amenazaba lo que consideraban los cimientos morales y espirituales del orden social. Así, lo que en términos científicos era un descubrimiento basado en evidencia se percibía como una idea peligrosa que podía desafiar la autoridad de la religión en la vida pública y en la educación de las nuevas generaciones.
El conflicto no era exclusivo de Tennessee. Durante la década de 1920, varios estados estadounidenses debatieron leyes similares. En un país que se industrializaba rápidamente, la tensión entre modernidad y tradición se convirtió en uno de los grandes ejes del debate cultural. En ese contexto, la educación pública pasó a ser un terreno decisivo: en las aulas se definiría qué visión del mundo recibirían los jóvenes. Así comenzó una historia que terminaría convirtiéndose en uno de los juicios más famosos del siglo XX.

El joven profesor que se convirtió en símbolo
En ese escenario apareció el joven profesor de secundaria John T. Scopes. Tenía apenas 24 años y trabajaba en la escuela secundaria de Dayton, un pequeño pueblo de Tennessee. No era un activista científico ni un polemista. Simplemente enseñaba educación física y, ocasionalmente, ciencias.
La paradoja era evidente. Mientras la Ley Butler prohibía enseñar evolución, el propio estado exigía utilizar manuales escolares que incluían la teoría. Uno de ellos era Biología cívica, de George Hunter, un libro distribuido en las escuelas que explicaba la evolución de forma clara y directa.
La contradicción no pasó desapercibida para algunos habitantes de Dayton. Entre ellos estaba el empresario local George Rappleyea, que entendió que un caso judicial de ese tipo podía atraer la atención nacional hacia el pequeño pueblo.
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Con ese plan en mente, Rappleyea convenció a un grupo de empresarios y dirigentes locales de que organizar un juicio contra la ley podría generar publicidad para la ciudad. La estrategia era sencilla: encontrar a un profesor dispuesto a ser acusado de enseñar evolución y así provocar un proceso judicial que pusiera a prueba la ley.
El candidato terminó siendo Scopes. Cuando Rappleyea le propuso participar, el joven docente aceptó. No estaba completamente seguro de haber enseñado realmente la evolución en clase, pero sabía que el libro utilizado en la escuela la incluía. Si eso bastaba para iniciar un proceso judicial, estaba dispuesto a enfrentarlo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que había prometido defender a cualquier profesor acusado bajo la Ley Butler, aceptó tomar el caso. Lo que comenzó como una estrategia local para atraer publicidad terminó convirtiéndose en un hecho que lograría la atención de todo el país. El 5 de mayo de 1925, Scopes fue formalmente acusado de violar la ley.

El juicio que paralizó al país
Lo que siguió superó cualquier expectativa. El proceso, conocido como el Juicio de Scopes, pronto fue rebautizado por la prensa como el “Juicio del Mono”, un nombre provocador acuñado por el periodista y crítico cultural estadounidense H. L. Mencken. La denominación reflejaba el tono del debate público: la idea de que el ser humano descendiera de otros animales se había convertido en un símbolo cultural de la disputa entre ciencia y religión.
La cobertura mediática atrajo a periodistas de todo el país a Dayton. Las radios transmitieron fragmentos del proceso en directo, algo poco común en la época. Las calles se llenaron de vendedores ambulantes, turistas, predicadores, curiosos y fotógrafos. En pocos días, el pequeño pueblo rural se transformó en el centro del debate nacional. El juicio también reunió a dos figuras extraordinarias del mundo jurídico estadounidense.
Por un lado estaba William Jennings Bryan, un político legendario. Había sido tres veces candidato a la presidencia, secretario de Estado y una de las figuras más influyentes del populismo estadounidense. Profundamente religioso, Bryan veía la evolución como una amenaza moral y cultural.
En el lado opuesto estaba Clarence Darrow, uno de los abogados más famosos del país. Con una larga carrera defendiendo causas polémicas, Darrow aceptó el caso entusiasmado. Para él, el juicio era una oportunidad de defender la libertad intelectual y cuestionar la imposición religiosa en la educación pública. El enfrentamiento entre ambos convirtió el proceso en un duelo intelectual seguido por millones de personas.
Durante el juicio, los abogados de la defensa intentaron introducir testimonios de científicos para explicar la validez de la teoría de la evolución. Sin embargo, el juez limitó ese tipo de intervenciones, argumentando que el proceso debía centrarse únicamente en si Scopes había violado o no la ley estatal.
La estrategia de Darrow cambió entonces de dirección. En uno de los momentos más famosos del juicio, decidió llamar al propio Bryan al estrado como testigo experto en la Biblia. El interrogatorio fue extraordinario. Durante horas, Darrow cuestionó la interpretación literal de los textos bíblicos, preguntando si hechos como la creación del mundo en seis días debían entenderse de forma literal.
Bryan respondió según su fe, pero ese intercambio reveló el núcleo del conflicto: la dificultad de reconciliar la interpretación literal de la Biblia con el conocimiento científico moderno. El episodio fue tan dramático que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia judicial estadounidense.
Finalmente, Scopes fue encontrado culpable y el tribunal lo condenó a pagar una multa de 100 dólares. La decisión no sorprendió demasiado. El propio docente había admitido haber enseñado el contenido del manual escolar. Pero el caso no terminó allí. Un año después, la Corte Suprema de Tennessee anuló la condena por un tecnicismo legal relacionado con la imposición de la multa. Aunque la ley seguía vigente, el juicio había transformado el debate público.
El impacto del caso fue enorme. Durante semanas, periódicos de todo el país publicaron caricaturas, crónicas y editoriales sobre el juicio. El proceso reveló un país dividido entre quienes defendían la tradición religiosa y quienes apostaban por la educación científica.
Paradójicamente, la Ley Butler siguió vigente durante 42 años. No fue oficialmente derogada hasta 1967. Sin embargo, el clima cultural había cambiado mucho antes. A partir del juicio, el intento de prohibir la enseñanza de la evolución comenzó a parecer cada vez más insostenible en el contexto de una sociedad cada vez más orientada hacia la ciencia y la investigación.
Ese hecho también dejó huellas personales. Pocos días después del juicio, William Jennings Bryan murió repentinamente en Dayton, agotado por la intensidad del proceso y por la presión pública. Clarence Darrow, por su parte, continuó su carrera como uno de los abogados más célebres del país.
Por su parte, el profesor John Scopes prefirió alejarse del foco mediático. Continuó vinculado al ámbito científico y educativo durante gran parte de su vida y murió en 1970. Pero la historia del juicio no terminó con sus protagonistas.

Con información de Infobae por Fernanda Jara.
