El Consejo de la Judicatura de Ecuador destituyó a la jueza María Daniela Ayala por considerar que actuó con “dolo” dentro del proceso judicial relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. La resolución fue aprobada por el pleno del organismo disciplinario el 21 de mayo de 2026 y se refiere específicamente a decisiones tomadas por la magistrada durante la audiencia de formulación de cargos contra nuevos investigados en el caso.

Según informó la Judicatura, Ayala incurrió en una falta gravísima al negar el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía General del Estado contra José Serrano y Xavier Jordán, procesados dentro de la investigación sobre los presuntos autores intelectuales del magnicidio. En su lugar, la jueza dispuso medidas alternativas, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante autoridades consulares, debido a que ambos se encuentran fuera de Ecuador.

La resolución disciplinaria sostiene que la magistrada actuó de manera deliberada en contra de la normativa vigente. El Consejo de la Judicatura indicó que la conducta atribuida a la jueza encaja dentro de la figura de dolo, contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial como causal para destitución. El organismo señaló además que mantendrá controles disciplinarios sobre actuaciones judiciales en casos considerados de alto impacto.

La audiencia cuestionada se realizó en abril de 2026, cuando la Fiscalía formuló cargos contra Serrano y Jordán por presunta participación en el asesinato de Villavicencio. Durante esa diligencia, el Ministerio Público argumentó que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, incluyendo la posibilidad de fuga y el hecho de que ambos investigados permanecen fuera del territorio ecuatoriano.

El crimen de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023, a pocos días de las elecciones presidenciales extraordinarias convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por parte del entonces presidente Guillermo Lasso. El candidato fue asesinado a tiros al salir de un acto político en el norte de Quito. El ataque dejó además varias personas heridas y provocó conmoción nacional e internacional.

Desde entonces, el caso ha tenido varias etapas judiciales. En una primera fase, la justicia ecuatoriana condenó a autores materiales y colaboradores vinculados al atentado. Sin embargo, la investigación continuó para identificar a quienes habrían planificado y ordenado el asesinato. La Fiscalía ha sostenido que la causa sigue abierta y que aún existen líneas de investigación en desarrollo.

José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra y ha señalado que el proceso tiene motivaciones políticas. Xavier Jordán, empresario procesado en otros casos judiciales en Ecuador, también ha negado cualquier relación con el crimen. Ambos permanecen fuera del país y enfrentan órdenes de localización emitidas dentro de las investigaciones fiscales.

La destitución de la jueza Ayala se produce en medio de un contexto de creciente escrutinio sobre el sistema judicial ecuatoriano. En los últimos años, varios casos de corrupción y presuntos vínculos entre operadores judiciales y estructuras criminales han derivado en procesos disciplinarios y penales contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

La actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, afirmó que el organismo continuará revisando expedientes relacionados con posibles irregularidades judiciales. También indicó que existen decenas de sumarios disciplinarios pendientes de resolución y que la institución trabaja para evitar que esos procesos prescriban.

El asesinato de Villavicencio es considerado uno de los hechos de violencia política más graves registrados en Ecuador en las últimas décadas. El entonces candidato presidencial había centrado gran parte de su campaña en denuncias sobre corrupción y crimen organizado. Tras el atentado, el Gobierno ecuatoriano declaró estado de excepción y reforzó las medidas de seguridad durante el proceso electoral extraordinario de 2023.

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