La Contraloría General del Estado aprobó el 14 de julio de 2025 el informe de auditoría efectuado a un contrato adjudicado por CELEC-EP, en medio de la declaratoria de emergencia para el sector eléctrico de 2024.

El análisis corresponde a la "Adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres (90-150 MW)", destinado a la provincia de Esmeraldas.

Este contrato, adjudicado a la empresa ATM (Austral Technical Management), con sede en Uruguay, inició su revisión el 16 de diciembre de 2024.

El contralor Mauricio Torres anticipó en una entrevista con Teleamazonas, que este informe "arrojó algunos resultados, como sanciones administrativas, civiles e inclusive hay indicios de responsabilidad penal". 

"Lo que el país estaba pensando, existen algunos perjuicios para el Estado", añadió el contralor. 

Torres explicó que, en este contrato, los equipos tenían que ser nuevos. "Esos equipos, se comprueba que no son nuevos, son aproximadamente del año 2016 y ya estuvieron funcionando", detalló.

Hasta junio de 2025, la empresa Austral ya había cobrado USD 71,4 millones de los USD 89 millones pactados en el contrato para instalar la planta eléctrica en Esmeraldas. Es decir, la empresa ha recibido el 80% del valor total del contrato, según datos de las transferencias y pagos realizados a los contratistas.

La Contraloría también realizó una auditoría a los contratos emergentes adjudicados a la empresa Progen para la "Contratación Emergente de Generación Terrestre en Salitral y Quevedo" (150 MW), bajo la Unidad de Negocio TermoPichincha. Ese informe será aprobado este viernes 18 de julio, anticipó el contralor Mauricio Torres.

Con información de Primicias.