No basta con oponerse; la defensa de derechos exige proponer. Estas líneas plantean una salida responsable en un momento de fragilidad para quienes perdieron su empleo y para quienes temen la inminente ola de darwinismo laboral desencadenada por la competencia voraz del sector privado.
Reducir la nómina estatal alivia la caja fiscal y, desde el punto de vista técnico, es lógico: el gasto público debe ser sostenible y la eficiencia del Estado una obligación constitucional. Sin embargo, cuando más de cinco mil servidores son desvinculados de forma abrupta, sin un retiro programático ni acompañamiento real, la medida deja de ser un simple ajuste contable para convertirse en un problema jurídico, económico y, sobre todo, humano. Quien abandona la función pública no encuentra fácilmente una puerta abierta al empleo formal, se topa con un mercado saturado, con tasas de subempleo y desempleo que el INEC describe como persistentes, y con una cultura empresarial poco proclive a contratar a trabajadores de mayor edad o con cargas familiares. El resultado es previsible: el autoempleo por necesidad, un emprendimiento forzado que arrincona a la persona en la carencia y la urgencia antes que en la autonomía soñada para las economías familiares.
El marco normativo ecuatoriano reconoce la importancia de la iniciativa privada. La Constitución (arts. 33 y 284) consagra el derecho al trabajo y ordena al Estado fomentar la producción y el empleo digno; la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación promete capacitación, incentivos tributarios y acceso a financiamiento; el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones abre la puerta a regímenes preferenciales; y la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo alienta la contratación flexible. Pero estas normas, sin política pública que las traduzca en acciones tangibles, son solo páginas con promesas, carentes de los hilos conductores que esperan quienes dependen de la vigilancia normativa y la observancia de sus derechos. Quien es apartado se enfrenta a trámites engorrosos, a una banca que desconfía del debutante emprendedor y a programas de formación que, aunque gratuitos, rara vez logran colocar el producto o el servicio en un mercado solvente.
Bajo tales condiciones, emprender deja de ser la maravilla que celebran los eslóganes; se vuelve una carrera de obstáculos psicológicos, familiares y financieros que suele comenzar con ahorros propios, continuar con deudas y terminar con la renuncia a la cobertura de seguridad social porque el aporte voluntario al IESS se sustituye por la urgencia de comer y pagar los servicios básicos.
Frente a ello, no basta con oponerse; la defensa de derechos exige proponer. Estas líneas plantean una salida responsable en un momento de fragilidad para quienes perdieron su empleo y para quienes temen la inminente ola de darwinismo laboral desencadenada por la competencia voraz del sector privado.
La primera medida debería ser acompañar a estos luchadores con programas de reorientación laboral, créditos blandos con períodos de gracia razonables, asesoría jurídica gratuita para la constitución de microempresas y, sobre todo, una política contundente de fortalecimiento de la demanda interna: sin consumidores no hay emprendimiento que subsista, por mucho que se capacite al oferente.
El Estado puede activar los fondos previstos en el artículo 39 de la Ley de Emprendimiento para asistencia técnica; emitir reglamentos simplificados de contratación, amparados en los artículos 21 y 46 del Código Orgánico de la Producción, que establezcan líneas de trabajo para las personas menos favorecidas; y coordinar con los gobiernos locales la apertura de ferias, ruedas de negocios y plataformas digitales que faciliten la entrada al mercado de quienes hoy sobreviven con emprendimientos. No se trata de crear privilegios, sino de aplicar el principio de igualdad material: compensar la debilidad inicial de quienes, conforme al numeral 2 del artículo 11 de la Constitución, son discriminados o separados de forma sorpresiva y ahora deben generar —con creatividad de sobrevivientes— su fuente de ingresos.
La salud económica del Estado debe mantenerse con iniciativas sostenibles que no rompan la cuerda por el lado más frágil ni sacrifiquen la salud física y emocional de la ciudadanía. Las estrategias contables observan números, pero el desempleo real, aunque medido en estadísticas, requiere una mirada humana, no fascista ni darwinista, porque ningún país puede sostenerse si confía su futuro en la extinción o no participación de los más vulnerables en la dinámica comercial.
Ab. María Cristina Kronfle Gómez
Articulista www.vibramanabi.com
