Aunque ocurrió el 29 de diciembre de 2025, el 7 de enero de 2026 trascendió que William Alcívar Bautista -alias Negro Willy- quedó en libertad en España. En ese país fue detenido en octubre de 2024 con fines de extradición a Ecuador, donde enfrenta procesos por terrorismo y delincuencia organizada.

Negro Willy, cabecilla máximo de Los Tiguerones, fue señalado como el autor intelectual de la irrupción armada en el TC Televisión en enero de 2024. Tras su captura meses después en una zona residencial de España, Ecuador solicitó la extradición.

La defensa de Negro Willy apeló y durante el proceso, España pidió garantías de forma efectiva de su derecho a la vida y a la integridad personal si era encarcelado en Ecuador. El plazo era de tres meses. Y aunque las autoridades señalaron que sí se cumplió con lo requerido, la justicia española realizó dos requerimientos adicionales: el primero venció el 22 de diciembre y el segundo el 29 de diciembre. Pero, los documentos no llegaron dentro de esos tiempos, por ello alias Negro Willy recuperó su libertad a dos.

Pero el caso de Negro Willy, en los que ha fracaso un proceso de extradición o sigue pendiente, no es el único. En ese mismo mes de diciembre de 2025, Nain Massuh, vinculado a casos de corrupción como Encuentro y Metástasis, quedó libre en Colombia donde había sido detenido en enero de se año.

Massuh se encontraba en calidad de refugiado en el país vecino. Su caputura fue con fines de extradición, que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia, a través de los órganos administrativos y judiciales pertinentes.

Sin embargo, una fiscal de Colombia ordenó cancelar la orden de captura y dispuso su liberación inmediata. El argumento era que el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia concluyó que el ecuatoriano "no era requerido por autoridad judicial en Colombia, así como en el extranjero".

¿Por qué se negó la extradición de Negro Willy?

El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, comentó a Ecuavisa.com que de lo que recuerda, no ha habido un titular de la entidad que haya omitido algún elemento solicitado dentro de un proceso de extradición. Señaló que algunas veces no se concede la medida, “que es algo que puede pasar, porque la extradición tiene que ver fundamentalmente en una relación entre Estados soberanos y se trata de cooperación internacional”.

Recordó que en 2019, Ramiro Gónzalez, expresidente del Consejo directivo del IESS, fue detenido en Perú para fines de extradición. A los pocos días, la entonces titular de la Corte Nacional de Justicia solicitó el trámite de extradición, el cual fue suspendido meses después en Perú porque González, quien fue acusado de peculado y tráfico de influencias, tenía condición de refugiado.

Sobre los trámites de extradición, Saquicela explicó que no existe en la norma un tiempo límite. Pero que, durante el proceso, por parte del otro Estado se puede disponer entregar garantías en el plazo de tres meses. Consideró que es un tiempo razonable que se puede establecer y en caso de haber alguna complicación, la Corte Nacional puede pedir un tiempo adicional.

Según Saquicela, las complicaciones pueden ser por la cantidad de documentos que se deben justificar para pedir la extradición, o traducir los mismos. “Son miles de páginas de documentos judiciales que podría tomar algún tiempo”, manifestó.

El expresidente de la Corte indicó que una vez realizado el pedido, escapa de Ecuador porque la extradición se basa en un principio de cooperación y relación entre estados soberanos.

Otros procesos de extradición fracasados o pendientes desde 2018

Hasta abril de 2025, había al menos 19 trámites de extradición de ecuatorianos en ocho países, según un medio digital. Los pedidos incluyen a procesados por corrupción, crimen organizado o femicidas. Diez de los casos son de corrupción.

Entre ellos consta el del expresidente Rafael Correa que fue sentenciado a ocho años de prisión por el caso Sobornos. Luego de terminar su mandato se radicó en Bélgica en 2017 y desde ese tiempo, ha realizado viajes hacia México. Para 2022, la Corte Nacional de Justicia solicitó su detención con fines de extradición a Bélgica.

No obstante, la defensa de Correa señaló que tenía condición de refugiado. Pero supuestamente dicho estatus no ha sido oficialmente notificado a Ecuador ni tampoco Bélgica ha respondido del pedido. Incluso las autoridades ecuatorianas han intentado que Correa conste en la Interpol para su localización y captura, pero tampoco ha ocurrido.

En el caso Sobornos también fue procesado Walter Solís -exministro de Obras Públicas del correísmo, quien estaría en México. Tampoco se ha logrado detenerlo y extraditado a Ecuador.

Alguien más cercano a Correa que tampoco ha sido extraditado, es su primo Pedro Delgado. Él fue detenido en Miami (Estados Unidos) por un asunto migratorio en 2022. Sin embargo, tres años después, se desconoce qué sucedió con el trámite.

Delgado salió de Ecuador en 2012 hacia Estados Unidos para una boda. Fue acusado de falsificar su título universitario y de peculado cuando era presidente del Banco Central. Tiene dos sentencias en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito, pero aún en el país no cumple condena.

Otros procesados por delitos de corrupción y que aún no son extraditados a Ecuador son Hernán Luque Lecaro y Leonardo Cortázar. Ambos están vinculados en el caso Encuentro.

Luque fue detenido en Argentina en 2023 y aunque su extradición había sido concedida en febrero de 2024, estaba en etapa de apelación.

En cuanto a Cortázar, fue detenido en marzo de 2025 en Panamá, un año después de que un juez en Ecuador solicitara su extradición. Tenía incluso una alerta de difusión roja de la Interpol. Sobre ese proceso, aún no se conoce respuesta de Panamá.

Hasta 2025, España analizaba también la extradición de Mercedes Villarreal, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura. Ella fue detenida en ese país en 2024, y estaba vinculada al caso Purga.

Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, es otro ecuatoriano que no ha podido ser extraditado. Él está vinculado al caso Metástasis y lo último que se conoció es que estaba en Venezuela. En diciembre de 2024, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia pidió su localización, captura y extradición.

En noviembre de 2025 se conoció que la Interpol eliminó la notificación roja para ubicarlo a él y a alias el Joyero, también implicado en Metástasis. En el caso de Aleaga, la decisión se argumentó en que había “información restringida” para “proteger los derechos y las libertades del solicitante (Aleaga)”.

Por ahora, el caso de Negro Willy causó discrepancias entre los gobiernos de Ecuador y España. Las autoridades han manifestado que solicitaron revisar la decisión y se reconsidere la excarcelación del capo.

Con información de Ecuavisa por Annabell Verdezoto