En diciembre de 2025, Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años del Ejército Argentino se quitó la vida mientras cumplía funciones en la Quinta Presidencial de Olivos. La investigación oficial confirmó que el soldado había sido víctima de una extorsión orquestada a través de la aplicación de citas Evermatch, utilizada para captar y someter a múltiples ciudadanos mediante engaños y amenazas.
El caso no solo puso en evidencia el sufrimiento de una víctima concreta, sino que también expuso el funcionamiento de una organización criminal dedicada a las estafas y extorsiones digitales, articulada desde cárceles en Buenos Aires, Argentina.
Evermatch es una aplicación para buscar pareja con más de 10 millones de descargas en la Play Store de Google. Comercializa su servicio bajo el lema de “una app de citas ideal para conocer gente y encontrar una relación seria”, distanciándose de las plataformas de encuentros efímeros.
A diferencia de otras apps de “swiping” rápido, como Tinder, obliga a los usuarios a completar perfiles psicológicos detallados y cuestionarios sobre valores, estilo de vida y proyectos personales.
La plataforma asegura que cada registro es sometido a un filtrado manual para evitar la presencia de bots o perfiles falsos. No obstante, esa misma confianza ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para identificar víctimas potenciales, sobre todo personas con capacidad económica o cargos de responsabilidad.
Cómo los ciberdelincuentes utilizaron la app para extorsionar al soldado
En el caso de Rodrigo Gómez, la maniobra incluyó la creación de un perfil falso bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo” y la simulación de una relación sentimental, para luego activar el mecanismo extorsivo.
La investigación judicial reveló que la extorsión se inició tras el paso de la conversación de la app a WhatsApp, donde los delincuentes ejercieron presión directa. El primer paso fue el contacto con un perfil falso y el envío de fotos genéricas para ganar confianza.
Luego, la víctima recibió un mensaje de una supuesta madre alterada, acusándolo de haber entablado una relación con una menor de 17 años, acompañado del llamado de una persona que se hizo pasar por policía. El falso agente exigía pagos inmediatos para evitar consecuencias judiciales.
La carta encontrada en poder de Rodrigo Gómez permitió reconstruir el impacto de ese fraude. El joven redactó: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas”, fueron uno de los fragmentos de la nota dejada por el soldado antes de quitarse la vida.
El caso fue abordado con la máxima prioridad por el Gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal, quienes coordinaron operativos en simultáneo en cárceles y domicilios particulares.
Tras más de cincuenta días de escuchas, análisis financieros y pericias informáticas, se logró identificar a los principales integrantes de la organización, entre ellos Francavilla (“Nahuel Contti”), Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Arecó, todos detenidos en penales bonaerenses.
El uso sistemático de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios resultó clave para el funcionamiento de la banda. Durante la pandemia, se autorizó el uso de teléfonos para garantizar el contacto familiar, pero esa habilitación continuó sin controles estrictos, permitiendo que los internos accedieran a redes sociales, apps bancarias y servicios de mensajería.
Según la jueza Sandra Arroyo Salgado, la investigación constató que el fenómeno es recurrente y que estas “pymes del delito” cuentan con estructuras estables, división de tareas y captación permanente de víctimas.
Asimismo, la jueza señaló que la permanencia del uso de celulares en las cárceles solo es posible por la complicidad o permisividad de algunos sectores del sistema penitenciario
Con información de Infobae por Dylan Escobar Ruiz.
