En el Ecuador, los derechos no son un favor del poder, son una garantía constitucional. Sin embargo, cada vez más ciudadanos sienten que esos derechos existen en el papel, pero se debilitan en la práctica. La Constitución de la República establece en su artículo 3 que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos, entre ellos la seguridad, la salud, la educación y el acceso a servicios públicos de calidad. Pero la realidad diaria de miles de ecuatorianos evidencia un distanciamiento preocupante entre lo que manda la ley y lo que vive la ciudadanía.
Basta recorrer las calles de cualquier ciudad o cantón del país para observar vías destruidas, sistemas de agua y alcantarillado deteriorados y servicios básicos que ya no responden a las necesidades de la población. El artículo 314 de la Constitución señala con claridad que el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos eficientes, continuos y de calidad. Sin embargo, cuando las carreteras están abandonadas, cuando los sistemas de agua colapsan o cuando las comunidades deben organizarse para resolver problemas básicos que deberían ser atendidos por las autoridades, lo que se evidencia no es solo una falla administrativa, sino una vulneración directa de derechos ciudadanos.
La educación tampoco escapa a esta realidad. Padres de familia, docentes y estudiantes denuncian que los centros educativos enfrentan nuevas amenazas, entre ellas el microtráfico en los alrededores de escuelas y colegios. El artículo 26 de la Constitución establece que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible del Estado, mientras que el artículo 27 indica que esta debe desarrollarse en un ambiente seguro y libre de violencia. Cuando los entornos educativos se ven expuestos a actividades ilegales o cuando faltan controles y prevención, se pone en riesgo no solo el aprendizaje, sino también el futuro de miles de jóvenes.
En el sistema de salud, la situación genera una preocupación similar. Hospitales con infraestructura deteriorada, equipos médicos dañados, escasez de medicamentos y personal trabajando bajo presión permanente reflejan un sistema que lucha por mantenerse operativo. El artículo 32 de la Constitución establece que la salud es un derecho garantizado por el Estado mediante políticas económicas, sociales y sanitarias que aseguren el acceso permanente y oportuno a servicios de calidad. Pero cuando una casa de salud carece de mantenimiento, cuando los pacientes deben esperar meses por una atención o cuando los insumos no llegan, ese derecho se debilita frente a la realidad.
En materia de seguridad, el panorama también genera debate. El país atraviesa uno de los momentos más complejos en su historia reciente, mientras las cifras de violencia continúan generando alarma en barrios, ciudades y provincias. El artículo 393 de la Constitución dispone que el Estado debe garantizar la seguridad humana mediante políticas integrales de prevención y control del delito. Sin embargo, el incremento de medidas económicas como el aumento del impuesto al valor agregado al quince por ciento fue presentado como parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad, pero hasta ahora muchos ciudadanos cuestionan si los resultados realmente se reflejan en las calles.
La justicia, por su parte, también enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores sociales. El artículo 76 de la Constitución establece el derecho al debido proceso y a una justicia independiente e imparcial. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones judiciales responden a intereses políticos o que las instituciones se debilitan frente a presiones de poder, la confianza en el sistema se deteriora, y con ella uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.
Por eso, más allá de los discursos y anuncios, el desafío real para cualquier gobierno —nacional o local— es demostrar con resultados que los derechos constitucionales se cumplen en la vida diaria de las personas. Porque cuando la seguridad no llega a los barrios, cuando la educación se ve amenazada, cuando la salud se deteriora y cuando los servicios públicos dejan de funcionar correctamente, lo que está en juego no es solo la gestión de una autoridad, sino la confianza de toda una nación.
El Ecuador no necesita promesas que se diluyan con el tiempo. Necesita instituciones que funcionen, políticas públicas que den resultados y autoridades que recuerden que gobernar no significa administrar el poder, sino garantizar los derechos de la gente. Porque en una democracia verdadera, los derechos no se negocian, se cumplen.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
5/3/2026
