La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el estado de emergencia nacional por la época lluviosa en Ecuador por un plazo de 60 días, tras registrar un incremento acelerado de eventos asociados a lluvias que han afectado a prácticamente todo el territorio. La decisión consta en la resolución suscrita el 12 de marzo de 2026 por la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro.
La medida modifica una declaratoria anterior que había sido emitida a finales de febrero de 2026 y que establecía un estado de emergencia regional. Con la nueva resolución, la Secretaría resolvió ampliar el alcance de esa declaratoria y elevarla a nivel nacional debido a la magnitud de los impactos registrados por la temporada invernal.
Según el documento oficial, la decisión se basa en el Informe Técnico Justificativo SNGR-SPREA-2026-002 y en el Informe de Situación Nacional (SITREP) número 49, elaborados por las instancias técnicas de la Secretaría y las mesas de trabajo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Estos reportes concluyeron que la intensidad y distribución de los eventos hidrometeorológicos han superado la capacidad ordinaria de respuesta de los gobiernos locales.
El torrente invadió el poblado
De acuerdo con la información consolidada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026 se registraron 1.662 eventos adversos asociados a las lluvias en el país. Estos episodios han afectado a 24 provincias, 190 cantones y 590 parroquias, lo que refleja una extensión territorial prácticamente nacional de los impactos.
Los fenómenos más recurrentes han sido inundaciones y deslizamientos de tierra. Las inundaciones representan el 37,85% de los eventos registrados, mientras que los deslizamientos corresponden al 36,82%. También se reportan lluvias intensas como otro de los eventos predominantes, con un 9,81% del total.
El informe técnico citado en la resolución advierte que en los últimos días se produjo una intensificación acelerada del escenario de riesgo. En apenas doce días se registró un incremento del 56% en la ocurrencia de eventos asociados a la temporada lluviosa, mientras que el impacto sobre la población aumentó en un 154%.
Las afectaciones se han extendido a la totalidad de las provincias del país y al 85,58% de los cantones. Según la Secretaría, esta situación ha generado impactos significativos sobre viviendas, infraestructura pública, servicios básicos, sistemas productivos y medios de vida de la población.
Entre las provincias con mayor impacto se encuentran Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo, territorios donde se han concentrado los efectos más severos de la temporada invernal.
La resolución también señala que la magnitud y recurrencia de estos eventos ha provocado la activación de numerosos mecanismos de respuesta institucional. Hasta la fecha se han activado 17 Comités de Operaciones de Emergencia provinciales y 82 COE cantonales, además de emitirse al menos 17 declaratorias de emergencia locales.
Ante este escenario, el COE Nacional resolvió solicitar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la modificación de la declaratoria regional para convertirla en una emergencia de carácter nacional, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y movilizar recursos de manera más amplia.
La declaratoria de emergencia permite activar a todas las entidades públicas que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. También habilita mecanismos extraordinarios para la contratación pública, la reasignación presupuestaria y el uso temporal de bienes del Estado destinados a la atención de la emergencia.
Asimismo, la normativa permite implementar medidas específicas para enfrentar los efectos del desastre, como restricciones temporales en determinadas actividades, evacuaciones en zonas de riesgo, habilitación de alojamientos temporales y acciones de rehabilitación temprana en las zonas afectadas. Estas medidas deben aplicarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y trato digno, conforme lo establece la legislación vigente.
La resolución establece que la emergencia nacional tendrá una vigencia de 60 días contados desde la firma del documento, período durante el cual las instituciones del Estado deberán coordinar acciones para atender a la población afectada, recuperar la infraestructura dañada y mitigar los riesgos derivados de la temporada lluviosa.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dispuso además que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales refuercen las acciones de respuesta en sus territorios, priorizando la atención a las personas afectadas, la evacuación en zonas de riesgo y la provisión de asistencia humanitaria.
El documento señala que la declaratoria de emergencia constituye un instrumento habilitante para la gestión de la crisis, pero advierte que su efectividad dependerá de la planificación operativa, la coordinación interinstitucional y la transparencia en el uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia.
Con información de Infobae.
