La Constitución del Ecuador permite el estado de excepción en casos graves, pero también exige que sea temporal, proporcional y eficaz. Ningún encierro va a resolver un problema estructural si no se ataca el origen: la falta de oportunidades, el debilitamiento institucional y la expansión de economías ilegales.
Ecuador vive una realidad que ya no se puede maquillar. Más de 17 estados de excepción en menos de dos años, toques de queda repetidos, restricciones constantes… Y, aun así, la sensación en la calle es la misma: la violencia no desaparece, solo cambia de lugar. Es como intentar tapar una fuga de agua con la mano; por un lado se contiene, pero por otro sigue saliendo con más presión. La ciudadanía ya no se pregunta cuándo termina el toque de queda… se pregunta si realmente está funcionando.
Además, mientras las cifras oficiales hablan de operativos y resultados, la realidad cotidiana cuenta otra historia. En lo que va del año, varias ciudades del país siguen registrando hechos violentos de alto impacto, y zonas como Guayaquil, Durán o Esmeraldas continúan encabezando los reportes. La Constitución del Ecuador, en su artículo 164, permite el estado de excepción en casos graves, pero también exige que sea temporal, proporcional y eficaz. Y aquí nos preguntamos si estas medidas están resolviendo el problema o solo lo están administrando por horas.
La violencia hoy se comporta como una sombra: cuando se la persigue en un sector, aparece en otro. Cuando hay restricción nocturna, los hechos se trasladan a otras franjas horarias o territorios. Y cuando termina la medida, todo vuelve a intensificarse. Es como cerrar una puerta sin asegurar las ventanas. Mientras tanto, miles de familias siguen enfrentando presiones económicas, amenazas silenciosas y una incertidumbre constante que no se mide en estadísticas, pero se vive todos los días en los barrios.
Además, hay un impacto que no siempre se dice. Comerciantes que dejan de trabajar, ciudadanos que reducen su movilidad, jóvenes que ven limitada su vida diaria. La Constitución, en su artículo 66, garantiza el derecho a la libertad de tránsito, lo que implica que cualquier restricción debe tener un resultado comprobable. De lo contrario, la medida pierde legitimidad ante la ciudadanía que cumple, pero no ve cambios reales en su entorno.
Hoy el país no solo necesita control, necesita estrategia. No solo necesita reacción, necesita prevención. Señoras y señores, ningún encierro va a resolver un problema estructural si no se ataca el origen: la falta de oportunidades, el debilitamiento institucional y la expansión de economías ilegales.
Las autoridades deberían hacer el examen de conciencia y autoevaluarse preguntándose si realmente están enfrentando la violencia con soluciones de fondo o solo están ganando tiempo mientras el problema crece, porque a las pruebas del día a día nos remitimos.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
4/5/2026
