Del petróleo a la mesa: La crisis energética termina vaciando el bolsillo ciudadano

Por: Érika Vaca Rodríguez.

Publicado en 18/05/2026 09:34

Ecuador vive hoy una contradicción difícil de entender para miles de familias. Somos un país petrolero, pero cada vez pagamos más caro el combustible y, como consecuencia, también la comida. El problema ya no se queda solamente en las refinerías o en los informes técnicos; ahora se siente en los mercados, en las tiendas y en las mesas de los hogares. Cuando un saco de cebolla pasa de costar 15 a 52 dólares, o una caja de aguacates sube de 7 a 22 dólares, la crisis deja de ser un discurso económico y se convierte en una preocupación diaria para madres, padres y comerciantes. Es como tener una finca llena de vacas, pero no tener leche en casa porque nadie sabe procesarla correctamente.

El artículo 284 de la Constitución del Ecuador establece que la política económica debe garantizar una adecuada distribución de la riqueza y asegurar estabilidad para la población. Sin embargo, cuando el país importa el 65 % del combustible que consume porque sus refinerías trabajan parcialmente, el impacto termina golpeando directamente al ciudadano común. Es parecido a una familia que vende arroz barato, pero luego tiene que comprarlo procesado mucho más caro en otra tienda. Esa diferencia alguien la paga, y al final siempre termina saliendo del bolsillo de la ciudadanía. El problema no es solamente el precio del diésel; el verdadero problema es que todo se mueve con combustible: los camiones, los buses, las cosechas, los mercados y hasta el pequeño negocio de barrio.

El efecto dominó ya es evidente. Si subir el diésel encarece el transporte pesado entre Quito y Guayaquil, automáticamente aumenta el costo de frutas, verduras y productos básicos. Y cuando los comerciantes ya no pueden sostener los precios, reducen las cantidades. Hoy muchas familias no necesariamente compran más barato, sino menos producto por el mismo dólar. Es como cuando antes una madre podía llenar una olla para toda la familia y ahora debe hacer rendir los ingredientes porque todo alcanza menos. El artículo 52 de la Constitución garantiza el derecho a bienes y servicios de calidad, pero también obliga al Estado a proteger a los consumidores frente a prácticas que afecten sus condiciones de vida.

Mientras tanto, la ciudadanía escucha mensajes de tranquilidad desde las autoridades, aunque las filas en gasolineras y el desabastecimiento temporal siguen generando incertidumbre. La realidad es que la economía no se sostiene solo con discursos optimistas, sino con resultados visibles. El artículo 3 de la Constitución señala que es deber primordial del Estado garantizar condiciones dignas de vida para la población. Porque si el combustible sube, no solo se mueve un número en una tabla técnica; se mueve el costo de alimentar a un hijo, de trabajar, de transportar productos y de sobrevivir en un país donde cada dólar ahora parece rendir menos.