El bolsillo ya no resiste más

Por: Érika Vaca Rodríguez

Publicado en 12/05/2026 08:33

Hoy el ecuatoriano no solo lucha por llegar a fin de mes. Hoy lucha por sobrevivir en medio de una cadena de problemas que golpean directamente la economía de millones de familias. Mientras el ingreso promedio mensual bordea entre los 348 y 429 dólares, la canasta básica supera ya los 829 dólares, dejando a los hogares prácticamente sin capacidad de ahorro, recreación o estabilidad. Lo más preocupante es que este peso económico no proviene únicamente de la inflación mundial, sino también de deficiencias internas que cada día se sienten más en los mercados, en las farmacias, en el transporte y hasta en los servicios básicos.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 284, establece que la política económica debe garantizar una adecuada distribución de la riqueza y permitir una vida digna para la población. Sin embargo, la realidad que vive hoy la ciudadanía refleja un escenario distinto. Cortes eléctricos, incremento de combustibles, escasez de medicinas, aranceles, inseguridad y restricciones de movilidad han terminado convirtiéndose en una carga permanente para quienes apenas logran sostener a sus familias con ingresos limitados. Y cuando el Estado no logra garantizar servicios eficientes, el ciudadano termina pagando dos veces: con impuestos y con gastos adicionales.

Uno de los mayores reclamos ciudadanos sigue siendo la salud pública. Cada vez son más las familias que deben endeudarse para comprar medicinas, pagar exámenes o cubrir emergencias médicas debido a la falta de atención o insumos. El artículo 32 de la Constitución reconoce la salud como un derecho garantizado por el Estado, pero miles de ecuatorianos sienten que esa garantía todavía está lejos de convertirse en realidad. Cuando un padre debe escoger entre comprar alimentos o medicamentos, el problema ya dejó de ser político y se convirtió en una crisis social.

A esto se suma la incertidumbre energética que continúa afectando a hogares y negocios. Los apagones repentinos generan pérdidas económicas, dañan equipos y paralizan actividades productivas. Expertos incluso reconocen que sectores estratégicos como energía, petróleo y ambiente siguen mostrando debilidades administrativas que impactan directamente en la vida cotidiana. El artículo 314 de la Constitución señala que los servicios públicos deben prestarse con eficiencia, continuidad y calidad, pero la ciudadanía sigue enfrentando interrupciones y costos que afectan especialmente a pequeños emprendedores y comerciantes.

El turismo y la economía local también enfrentan un escenario complejo. Restaurantes, hoteles y pequeños negocios aseguran registrar pérdidas de hasta el 40 y 50 por ciento debido a restricciones nocturnas y la percepción internacional de inseguridad. Antes de la pandemia Ecuador recibía más de dos millones de turistas; hoy esa cifra ha disminuido considerablemente. Menos visitantes significa menos empleo, menos movimiento económico y menos oportunidades para miles de familias que dependen de esta actividad para sobrevivir.

Pero quizás lo más delicado es el sentimiento de cansancio ciudadano. Porque mientras el costo de vida aumenta, muchas familias sienten que las respuestas llegan tarde o simplemente no llegan. El artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar el bienestar, la seguridad y una vida digna para sus habitantes. Por eso la ciudadanía no pide privilegios; pide servicios que funcionen, estabilidad, oportunidades y decisiones que realmente alivien el peso que hoy cae sobre el bolsillo ecuatoriano.

La pregunta que nos queda sobre la mesa es: ¿hasta cuándo el ciudadano seguirá absorbiendo las consecuencias de problemas estructurales mientras las soluciones continúan esperando? Detrás de cada cifra económica existe una familia que sacrifica alimentación, salud, educación o tranquilidad para poder resistir un día más. Y cuando el esfuerzo diario ya no alcanza para vivir con dignidad, el país entero debe reflexionar sobre el rumbo que está tomando.