
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 podría agravar la situación alimentaria de millones de personas en Ecuador, un país que ya enfrenta niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda debido a factores económicos, climáticos y sociales. Según un análisis respaldado por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), 2,6 millones de personas se encuentran en condiciones de crisis o emergencia alimentaria y requieren asistencia urgente.
La alerta coincide con los pronósticos internacionales que prevén una alta probabilidad de desarrollo de un nuevo episodio de El Niño en los próximos meses. Organismos especializados de Naciones Unidas han señalado que el fenómeno podría generar lluvias intensas, inundaciones y afectaciones a la producción agrícola en varios países de América Latina, incluido Ecuador, aumentando la presión sobre los sistemas alimentarios y los medios de vida de las poblaciones vulnerables.

De acuerdo con el informe humanitario 2025-2026 respaldado por Naciones Unidas, entre abril y julio de este año alrededor de 2,5 millones de personas se ubican en fase de crisis alimentaria, mientras que cerca de 95.000 enfrentan condiciones catalogadas como emergencia alimentaria. El estudio incluye tanto a la población ecuatoriana como a grupos migrantes en situación de vulnerabilidad.
La ONU identificó una combinación de factores detrás del deterioro de la seguridad alimentaria en el país. Entre estos figuran el incremento sostenido de los precios de los alimentos, la inestabilidad de los ingresos familiares, los impactos de fenómenos climáticos extremos, la violencia y la inseguridad. El informe también menciona amenazas para la producción agrícola, como la presencia del hongo Fusarium Raza 4 Tropical, que afecta cultivos de plátano y banano en algunas zonas productoras.
El análisis señala que las provincias con mayores niveles de afectación incluyen Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha, territorios que concentran una parte importante de la población nacional y que además han experimentado impactos por eventos climáticos, dificultades económicas y problemas de seguridad.
La situación ocurre en un contexto marcado por una intensa temporada lluviosa. Naciones Unidas reportó que las precipitaciones registradas durante 2026 ya han afectado a más de 100.000 personas en distintas regiones del país, provocando daños en viviendas, infraestructura vial, actividades productivas y cultivos agrícolas. Estos impactos podrían incrementarse si se consolida un nuevo evento de El Niño en los próximos meses.
Según el informe, el problema no se limita a la disponibilidad física de alimentos. La principal preocupación está relacionada con el acceso económico de los hogares a productos básicos. Diversos sectores de la población enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la pérdida de ingresos, el aumento de los costos de vida y el encarecimiento de la canasta básica.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han advertido que los eventos climáticos extremos asociados a El Niño representan un riesgo creciente para América Latina y el Caribe. Las agencias señalaron que los gobiernos deben fortalecer las medidas de preparación y respuesta para reducir los impactos sobre la producción agrícola, la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales.
Las proyecciones incluidas en la evaluación humanitaria indican que entre agosto y noviembre de 2026 la situación podría mantenerse en niveles similares, con alrededor de 2,6 millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria aguda en fase 3 o superior de la escala utilizada por la CIF. Esto significa que millones de hogares continuarán requiriendo apoyo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
Frente a este escenario, la Organización de las Naciones Unidas reiteró la necesidad de implementar medidas de asistencia alimentaria, fortalecimiento de los sistemas productivos, apoyo a las comunidades rurales y acciones de preparación ante posibles eventos climáticos extremos.

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