Hay ocasiones en que una persona deja un cargo público, pero su nombre continúa ocupando los titulares, los debates y las preocupaciones de un país entero. Eso parece estar ocurriendo con Inés Manzano. Más allá de los procesos políticos, judiciales o administrativos que sigan su curso en las instituciones competentes, lo cierto es que el llamado caso Progen se ha convertido en una sombra que continúa proyectándose sobre el Gobierno, la Asamblea Nacional y el propio movimiento oficialista. Como ocurre cuando una vivienda presenta una filtración en el techo, al principio parece un problema localizado, pero con el paso del tiempo la humedad termina apareciendo en distintas habitaciones.
Lo que hoy observan los ecuatorianos no es únicamente una discusión sobre contratos energéticos o responsabilidades administrativas. Lo que está en juego es la confianza pública. Durante meses, el país soportó apagones, incertidumbre económica, afectaciones al comercio, pérdidas en pequeños negocios y dificultades para miles de familias que dependían de un sistema eléctrico estable. Por eso, cualquier cuestionamiento relacionado con decisiones adoptadas durante aquella crisis inevitablemente genera interés ciudadano. No porque se trate de nombres específicos, sino porque las consecuencias llegaron a los hogares de millones de ecuatorianos.
La reciente actuación de la Comisión de Fiscalización ha dejado una sensación difícil de ignorar. Aunque jurídicamente existen procedimientos, votaciones y mecanismos parlamentarios establecidos en la ley, políticamente el mensaje que recibe una parte de la ciudadanía es distinto. Cuando quienes pertenecen a una misma organización política evitan que un proceso avance, la percepción pública suele interpretar que existe protección interna, aunque esa no sea necesariamente la realidad jurídica. En política, muchas veces la percepción pesa tanto como los hechos, porque es la percepción la que construye o destruye la credibilidad.
Lo ocurrido alrededor de Niels Olsen, la salida anticipada de Gabriela Sommerfeld y los movimientos dentro del oficialismo alimentan todavía más las preguntas. Tal vez todas las decisiones tengan explicaciones legítimas y estratégicas. Sin embargo, cuando varios cambios importantes coinciden en medio de una controversia nacional, la ciudadanía inevitablemente busca conexiones. El problema no siempre es lo que sucede, sino la incapacidad de comunicar con claridad por qué sucede. Y cuando faltan respuestas, aparecen las especulaciones.
El legado político que deja Inés Manzano no será definido únicamente por sus decisiones dentro del Ministerio de Energía. También será recordado por el debate que provocó sobre transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política. La democracia no se fortalece cuando se evita la fiscalización; se fortalece cuando las autoridades tienen la oportunidad de responder preguntas, presentar argumentos y someterse al escrutinio público. La mejor defensa de cualquier funcionario siempre será la claridad de los hechos y no la ausencia del debate.
Hoy el oficialismo enfrenta un desafío que va más allá de una persona o de un caso específico. Debe demostrar que la lucha contra la corrupción, la transparencia y la fiscalización son principios que se aplican incluso cuando involucran a figuras cercanas al poder. Al final, los gobiernos pasan, los funcionarios cambian y los partidos evolucionan, pero la confianza ciudadana es como el cristal de una ventana: puede tomar años construirla y apenas unos segundos perderla. Ecuador necesita respuestas, certezas y una institucionalidad capaz de demostrar que nadie está por encima del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
11/6/2026
