Cada proceso electoral debería comenzar con una pregunta sencilla, pero profundamente reveladora: ¿por qué quiero ser candidato? Si la respuesta gira alrededor del poder, del reconocimiento, del beneficio personal o de la posibilidad de administrar un presupuesto público, probablemente esa persona ya empezó por el camino equivocado. Quien aspire a representar a un cantón debe comprender que el liderazgo no consiste en ocupar un despacho, sino en asumir la responsabilidad de servir a miles de familias que esperan soluciones reales. El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública es un servicio a la colectividad y debe regirse por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Antes de pensar en una candidatura, primero hay que demostrar que se sabe ser un buen ciudadano.
Hoy muchas comunidades claman por respuestas frente a la inseguridad, la falta de empleo, el deterioro de los servicios básicos, el abandono de la infraestructura, la violencia y la pérdida de oportunidades para los jóvenes. Quien aspire a gobernar un cantón debe rodearse de personas preparadas, con sensibilidad social y vocación de servicio, capaces de construir soluciones y no de alimentar divisiones. El artículo 3 de la Constitución señala que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar el goce efectivo de los derechos y promover el desarrollo equitativo de todo el territorio. Esa misión comienza desde los gobiernos locales, con equipos que entiendan que administrar recursos públicos significa administrar la esperanza de una comunidad.
Pero también es momento de reflexionar sobre quiénes acompañan a los candidatos. Una campaña no puede convertirse en una fila de personas esperando una futura contratación, un cargo municipal o un favor político. Debe desaparecer la idea de que quien aporta dinero a una campaña compra un puesto para sí mismo o para un familiar. El acceso al servicio público debe responder al mérito, la capacidad y la transparencia, principios reconocidos en el artículo 228 de la Constitución. El verdadero colaborador es quien trabaja por convicción, porque cree en un proyecto para su cantón y no porque espera una recompensa personal cuando termine la campaña.
La política también necesita recuperar un valor que parece haberse vuelto negociable: la lealtad. No la lealtad a una persona, sino a los principios, a la palabra dada y al compromiso con la ciudadanía. No puede normalizarse que alguien hoy defienda un proyecto y mañana lo abandone simplemente porque encontró una mejor oferta, un salario más alto o una oportunidad más conveniente. Los valores no deberían tener precio. La coherencia, la honestidad y la integridad son pilares del servicio público y deben permanecer firmes incluso cuando existan diferencias. La confianza ciudadana no se construye cambiando de camiseta cada vez que aparece una nueva oportunidad; se construye siendo consecuente con lo que se piensa, se dice y se hace.
Las elecciones pasarán, los nombres cambiarán y los cargos serán temporales, pero las consecuencias de elegir bien o mal permanecerán durante años. Por eso, más que preguntar quién será candidato, deberíamos preguntarnos quién ha demostrado con sus acciones que puede servir antes que servirse. El desarrollo de un cantón no depende únicamente de quien gane una elección, sino también de la calidad humana de quienes lo rodean y de una ciudadanía que premie la honestidad por encima del interés personal. El verdadero cambio comenzará cuando entendamos que los principios no se negocian, que la lealtad no se vende y que el mayor honor de un servidor público no es ocupar un cargo, sino dejar un legado de trabajo, transparencia y respeto para las futuras generaciones.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
2/7/2026
