Desde el 19 de octubre, muchas familias ecuatorianas han vivido pendientes del cielo, del nivel de los ríos y del estado de las carreteras. En Balao y Tenguel, las crecientes han entrado en calles y viviendas; en Guayaquil, las tormentas han complicado la movilidad. El fenómeno de El Niño está activo y los organismos técnicos advierten que puede fortalecerse. Frente a esa realidad, prevenir debería dar tranquilidad. Sin embargo, para quien ya perdió sus muebles y escucha que podría volver a llover, la prevención también llega acompañada de miedo: miedo a salir, a quedarse y a no saber quién responderá.
El problema se siente de distintas maneras. Una madre busca cómo llevar a sus hijos a clases cuando el barrio está anegado; un agricultor ve que la vía por donde saca su cosecha queda interrumpida; un comerciante calcula cuánto tiempo puede mantener cerrado su local. Mientras unas zonas reciben lluvias intensas, el sistema eléctrico continúa dependiendo de la evolución de los embalses y de medidas que han afectado al sector productivo. Mazar ha tenido recuperaciones parciales, pero eso no elimina la necesidad de planificar. Y a estas dificultades se suma la inseguridad, que cambia las rutinas de quienes necesitan salir temprano o regresar de noche. Cada una exige respuestas propias, con información y seguimiento.
La ley permite saber a quién exigir. El artículo 389 de la Constitución establece la responsabilidad del Estado de prevenir y mitigar riesgos de desastre; el 390 dispone que las instituciones con mayor capacidad apoyen cuando la respuesta local sea insuficiente. Los municipios tienen competencias en alcantarillado y vialidad urbana, conforme al artículo 264, mientras el Gobierno nacional tiene responsabilidades sobre la red vial estatal y el suministro eléctrico. Una familia no debería tener que averiguar entre varias oficinas quién atenderá una alcantarilla colapsada o una carretera afectada. Las instituciones deben coordinarse, informar qué harán y explicar cuándo volverán a evaluar el riesgo.
Desde la Presidencia se han difundido mensajes optimistas sobre el país. La esperanza es necesaria, pero debe sostenerse en hechos que la gente pueda comprobar. Decir que las cosas mejoran adquiere sentido cuando el paciente encuentra atención, el barrio recibe servicios y el conductor conoce una ruta segura. También es justo reconocer el trabajo de bomberos, técnicos, personal de salud y vecinos que actúan durante las emergencias. Su esfuerzo merece recursos y respaldo. El ciudadano necesita balances claros: qué se ha resuelto, qué sigue pendiente y cuáles son las medidas para evitar que la próxima lluvia encuentre los mismos puntos sin atender.
La conciencia ciudadana empieza por informarse en canales oficiales, preparar una ruta familiar de evacuación, evitar cruzar corrientes y reportar una emergencia al 9-1-1. También implica cuidar los espacios comunes y exigir mantenimiento antes de que el daño sea mayor. Pero la responsabilidad de una familia que prepara su mochila no sustituye la de una autoridad que debe prevenir, invertir y rendir cuentas. Ecuador puede mirar el futuro con esperanza si esa esperanza viene acompañada de obras, servicios y decisiones comprobables. Prevenir no es exagerar: es reconocer lo que ya estamos viviendo y actuar mientras todavía hay tiempo.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
27/10/2026
