Este domingo 29 de noviembre de 2026, en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador, se elegirá un total de 5.749 autoridades principales.
De acuerdo con los informes aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el desglose oficial de los cargos a elegir es el siguiente:
• 23 prefectas o prefectos
• 222 alcaldesas o alcaldes municipales
• 90 concejalas y concejales urbanos
• 457 concejalas y concejales rurales
• 4.131 vocales de juntas parroquiales rurales
• 7 consejeras y consejeros del CPCCS
El pleno del organismo fijó el día del sufragio para el 29 de noviembre de 2026, tras un adelanto técnico de la fecha original con el fin de evitar las complicaciones logísticas de la época invernal. Las autoridades que resulten ganadoras asumirán sus funciones para el periodo de gestión comprendido entre 2027 y 2031. Para votar en Ecuador o en el exterior, puedes presentar tu cédula, pasaporte o ID consular.
Contexto socioeconómico
Ecuador llevará adelante sus elecciones seccionales anticipadas en un escenario de marcada contradicción: estabilidad y recuperación macroeconómica frente a una severa crisis social y de seguridad de proporciones históricas.
La economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual del 2,1% en el primer trimestre de 2026. Esto fue impulsado por la recuperación del consumo de los hogares (+3,9%) y un sólido incremento del 12,8% en la inversión y la construcción. Al momento, el país muestra indicadores macroeconómicos estables; logró una drástica reducción del riesgo país (rondando los 400 puntos) y alcanzó el nivel de reservas internacionales más alto de la historia de la dolarización (más de 12.400 millones de dólares a mayo de 2026). No obstante, persiste un alto déficit fiscal y una pesada carga de vencimientos de deuda pública. Aunque la inflación se mantiene controlada en un 2,6%, la ciudadanía percibe un encarecimiento de la vida y una falta de empleo formal, reflejado en una informalidad laboral que supera el 52%.
La crisis de seguridad y las demandas básicas insatisfechas constituyen la principal prioridad del votante. Aunque en el primer cuatrimestre de 2026 hubo una ligera reducción del 11% en muertes violentas respecto al año anterior, los expertos estiman que 2026 será el segundo año más violento de la historia del país, con una tasa proyectada cercana a los 49 homicidios por cada 100.000 habitantes. Guayas, Manabí y las demás provincias costeras concentran el grueso de la violencia debido al crimen organizado, pese a los consecutivos decretos de estado de excepción implementados para contener las olas delictivas.
El cambio de la fecha de las elecciones (de febrero de 2027 a noviembre de 2026), justificado técnicamente por la prevención ante riesgos climáticos por la presencia del Fenómeno de El Niño, ha desatado tensiones y demandas al interior de las organizaciones políticas.
Los candidatos a alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales —a quienes se les acortaron los tiempos de campaña a solo 15 días— competirán en un ambiente marcado por la percepción de desatención institucional, el desgaste de las figuras tradicionales y un estado de ánimo colectivo cargado de incertidumbre y pesimismo. Las campañas estarán fuertemente condicionadas por las demandas locales de empleo, obra pública básica y, por encima de todo, el blindaje de la seguridad ciudadana.
