Cuando una autoridad nacional dice que el país necesita alcaldes alineados con el Gobierno, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué significa realmente esa palabra. Una cosa es coordinar por seguridad, obras, salud, educación, agua, empleo y desarrollo; y otra muy distinta es pretender que los municipios funcionen como extensiones políticas del poder central. Ecuador no necesita alcaldes de rodillas, necesita alcaldes de pie, sentados a la mesa con respeto, pero firmes frente a las necesidades de su pueblo.
La periodista Gisella Bayona puso el dedo en una herida sensible: cuando el discurso público mezcla gestión con afinidad política, se corre el riesgo de mandar un mensaje peligroso a los territorios. Es como si en una casa grande el padre dijera que solo arreglará el techo del cuarto del hijo que piense igual que él, mientras los demás deben esperar bajo la gotera. Eso no es gobierno; eso es condicionamiento. Y los cantones no son premios de campaña ni castigos electorales: son comunidades con niños, adultos mayores, comerciantes, agricultores, transportistas, madres, jóvenes y familias que necesitan soluciones sin preguntar primero por qué bandera votaron.
La coordinación entre Gobierno Nacional y municipios es indispensable, claro que sí. Un alcalde no puede enfrentar solo la inseguridad, la falta de empleo, las emergencias, el déficit de infraestructura o los problemas sociales. Pero coordinar no significa obedecer políticamente; significa respetar competencias, unir esfuerzos y trabajar con responsabilidad institucional. La Constitución reconoce autonomía política, administrativa y financiera a los gobiernos autónomos descentralizados, por eso un municipio debe responder primero a su gente y no a una línea partidista. La lealtad de un alcalde debe estar con el agua que falta, con la calle dañada, con el barrio inseguro, con el mercado abandonado y con el ciudadano que espera respuestas.
El país ya está demasiado golpeado como para convertir la ayuda pública en una especie de semáforo político: verde para los alineados, amarillo para los incómodos y rojo para los opositores. La obra pública, la seguridad y la atención estatal no pueden depender de simpatías, entrevistas, campañas o cálculos electorales. El Estado no es una hacienda donde se reparte según cercanía; el Estado es una responsabilidad pagada con los impuestos de todos. Por eso, cuando una autoridad habla de “estar alineados”, debe aclarar que la alineación debe ser con la ley, con la transparencia, con la planificación y con el bienestar ciudadano, no con una camiseta política.
La ciudadanía debe estar atenta, porque en democracia se puede dialogar sin someterse, cooperar sin entregarse y trabajar juntos sin perder independencia. Un buen alcalde no es el que aplaude todo; es el que gestiona, exige, fiscaliza y defiende a su cantón con argumentos. Y un buen Gobierno Nacional no es el que solo abre puertas a sus aliados; es el que sirve a todos los territorios, incluso a los que piensan distinto. Al final, el pueblo no come discursos de alineación: el pueblo necesita seguridad, agua, salud, empleo, vías y respeto. Y ahí está la verdadera medida de la política: no en quién se alinea con quién, sino en quién responde por la gente.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
28/7/2026
