El ex presidente Osvaldo Hurtado calificó a Daniel Noboa como un “criptodictador” y cuestionó una supuesta concentración del poder. Se trata de una valoración política discutible, no de una conclusión judicial ni de una definición total sobre el sistema ecuatoriano. Sin embargo, preocupa la rapidez con la que el oficialismo organizó una defensa colectiva del Presidente. Cuando al menos doce legisladores publican mensajes similares en pocas horas, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si su prioridad es fiscalizar al Gobierno o proteger su imagen.
El país se parece a una casa con el techo lleno de goteras. En una habitación falta seguridad; en otra, medicinas; más adelante escasea el empleo, mientras en el patio crecen la desconfianza y la desesperanza. Pero, en lugar de reparar el techo, el administrador se molesta con el vecino que señala las filtraciones y reúne a todos sus ayudantes para responderle. Ese es el problema de fondo: un Gobierno que parece reaccionar con mayor rapidez ante una crítica política que frente a las necesidades urgentes de millones de ecuatorianos.
Daniel Noboa fue elegido democráticamente y recibió respaldo en las urnas. Eso le entrega legitimidad para gobernar, pero no lo convierte en propietario del Estado ni lo coloca por encima del cuestionamiento público. Ganar una elección no significa recibir un cheque en blanco. La democracia también demanda instituciones independientes, pluralidad en la Asamblea Nacional, respeto a las autoridades locales y libertad para que periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos formulen preguntas sin ser tratados automáticamente como adversarios.
También resulta poco empático que el Gobierno concentre energías en defender la figura presidencial mientras las familias enfrentan inseguridad, escasez de medicamentos, servicios deficientes y dificultades económicas. La gente no necesita una cadena de publicaciones explicándole por qué el Presidente no es autoritario; necesita hospitales abastecidos, investigaciones con resultados, oportunidades laborales y autoridades dispuestas a escuchar. La realidad no cambia porque una bancada repita un argumento en redes sociales, sino cuando las decisiones públicas mejoran la vida de la población.
Cuestionar al Presidente no significa desconocer su legitimidad ni desear inestabilidad para Ecuador. Significa ejercer el derecho ciudadano de vigilar a quien administra temporalmente el poder. El artículo 1 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo. Por tanto, ninguna autoridad debería confundir la crítica con un ataque personal ni utilizar a sus aliados para descalificar a quien piensa diferente. Un país democrático necesita debate, contrapesos y respuestas sustentadas, no defensas automáticas.
Un mandatario demuestra fortaleza respondiendo con transparencia, resultados y respeto, no movilizando legisladores contra quien lo cuestiona. Daniel Noboa debería preguntarse por qué una declaración de Osvaldo Hurtado generó más coordinación oficial que muchos reclamos ciudadanos. Mientras el Gobierno discute quién tiene razón en las redes sociales, Ecuador continúa esperando soluciones. La pregunta final es sencilla: ¿quién está reparando las goteras de nuestra casa común mientras quienes administran el país se dedican a discutir con aquellos que advierten que el techo está fallando?
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
30/7/2026
