El daño a la credibilidad de la Prefectura de Manabí ha sido profundo y expansivo, siendo percibida a nivel nacional por un presunto cobro ilegal e ilegítimo de tasas.

El aire en los caminos de la burocracia manabita está espeso. El escándalo de la Contribución Especial por Mejoramiento Vial (CEM Vial) de la Prefectura de Manabí levantó una polvareda de indignación que recorrió todo el Ecuador. No era para menos: miles de conductores ecuatorianos que jamás habían pisado el suelo manabita o no lo hacían desde hace muchos años descubrieron que cargaban a sus espaldas deudas fantasmas y advertencias de coactivas. El peso se sentía en los bolsillos.

A inicios de agosto de 2026, una alarma silenciosa corrió por las redes sociales. Dueños de vehículos matriculados en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Azuay y otras provincias ingresaban sus placas al portal oficial de la Prefectura de Manabí y se topaban con un muro de números fríos: deudas acumuladas que oscilaban entre los $14 y más de $300. El sistema, rígido y amenazante, advertía que de no pagar se generarían aún más intereses moratorios.

La respuesta oficial, cuando llegó, traía la frialdad de las explicaciones tardías. Voceros institucionales salieron a decir que no eran deudas reales, sino "simulaciones". Una calculadora virtual que arrojaba datos de lo que un ciudadano debería pagar si decidiera matricular su carro en Manabí. Pero los sistemas bancarios y las plataformas de pago en línea no entienden de metáforas ni simulaciones ni errores humanos; para el ciudadano común, ver una orden de cobro con su placa era una sentencia de pago obligatorio.

En la zozobra generalizada, hubo gestión de la crisis: la Prefectura ratificó que, según el COOTAD, el cobro legal de la CEM Vial solo se configura al matricular el auto en los cantones de Manabí y que el 100% de la recaudación del "rodaje provincial" está atada por ordenanza al financiamiento exclusivo de obras viales rurales en Manabí. Tras las masivas denuncias ciudadanas, la web de la Prefectura corrigió su interfaz web y añadió un validador obligatorio que interroga explícitamente al usuario si su vehículo pertenece a la provincia antes de mostrar valores.

Sin embargo, el daño estaba hecho. La plataforma presentaba el botón de pago electrónico directo junto a las advertencias de intereses. Esto expuso a miles de usuarios externos a transferir dinero real por obligaciones inexistentes. Las simulaciones del año 2026 aparecían con casilleros de desglose, intereses y exoneraciones en cero. El portal omitía cualquier aviso de que el monto era un ejercicio hipotético. El sistema procesó indiscriminadamente datos vehiculares de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) pertenecientes a otras jurisdicciones territoriales, violando los principios básicos de segmentación fiscal.

La justificación de que todo fue un "error de diseño de la calculadora de la CEM Vial" alivió el bolsillo de los afectados, pero dejó en el ambiente la sospecha de una administración descuidada con los datos públicos del país. Las deudas no existían, es verdad, pero el miedo a que te cobren lo ajeno se quedó flotando entre la gente, como el polvo de los caminos vecinales que aún siguen ser atendidos por esta administración de la Prefectura de Manabí.

Un dato

Para exigir la devolución del dinero si completaste el pago por error en la plataforma de CEM Vial, debes iniciar formalmente un reclamo por pago indebido. Tienes un plazo máximo de tres años contados desde el día en que realizaste el pago erróneo para ejercer esta acción legal antes de que caduque tu derecho a reclamar.

BREVE ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL