Durante años, Ecuador cuestionó una determinada manera de ejercer el poder: la confrontación permanente, el señalamiento a periodistas, la división entre amigos y adversarios y la utilización del pasado para justificar decisiones políticas. Sin embargo, hay algo que también debe decirse con objetividad: una administración puede ser cuestionada políticamente y, al mismo tiempo, dejar resultados concretos en determinadas áreas del Estado.
No se trata de idealizar ninguna época ni borrar errores, abusos o denuncias; se trata de reconocer que el ciudadano evalúa al Estado por aquello que recibe. Hospitales funcionando, atención de la seguridad social, carreteras transitables, documentos entregados oportunamente, trámites simplificados e información pública accesible son resultados que pueden medirse. La Constitución, en su artículo 227, establece precisamente que la administración pública debe regirse por principios como eficacia, eficiencia, calidad, planificación, transparencia y evaluación.
Por eso la discusión nacional no puede quedarse eternamente atrapada en quién gobernó antes. Hubo años en que se cuestionaron duramente decisiones gubernamentales y, pese a aquello, se ejecutaron procesos de modernización institucional que fueron palpables para la población. Un ejemplo documentado es el Registro Civil: su proyecto de modernización iniciado en 2010 buscó ampliar cobertura y mejorar la calidad de los servicios mediante infraestructura y sistemas tecnológicos.
El punto no es sostener que todo funcionaba bien, porque no sería cierto, sino recordar una regla elemental: el ciudadano distingue entre el debate político y el funcionamiento cotidiano del Estado. Si una madre consigue atención para su hijo, un jubilado obtiene su prestación, una familia tramita una cédula sin peregrinar de oficina en oficina o un agricultor puede movilizar su producción por una carretera en condiciones adecuadas, ahí existe un resultado público que puede comprobarse.
Hoy la pregunta debe dirigirse hacia quienes administran el país en el presente. ¿Qué está funcionando mejor y qué está funcionando peor? ¿Qué se corrigió y qué se deterioró? Salud, seguridad social, vialidad, seguridad ciudadana, energía, educación, empleo y atención institucional necesitan indicadores y respuestas, no solamente discursos.
El artículo 18 de la Constitución reconoce, además, el derecho de las personas a acceder libremente a información generada por entidades públicas, mientras la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a transparentar, entre otros elementos, presupuestos, contrataciones, planes, programas, auditorías y servicios. Dicho de manera sencilla: si una obra cuesta diez millones de dólares, el ciudadano tiene derecho a preguntar cuánto se gastó, quién la contrató, cuándo debía terminarse y qué recibió finalmente la comunidad.
La responsabilidad de Daniel Noboa tampoco puede evaluarse exclusivamente comparándolo con quienes lo antecedieron. Recibió problemas estructurales, sí; pero gobernar significa hacerse cargo de ellos. Ningún Gobierno empieza desde cero y ninguno puede atribuirse solamente los aciertos mientras transfiere indefinidamente los fracasos hacia atrás.
Cuando un ciudadano encuentra dificultades para conseguir una cita médica, cuando un afiliado reclama atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando una carretera deteriorada aumenta el tiempo y costo de transportar productos, cuando conseguir un trámite público se convierte nuevamente en una carrera de obstáculos o cuando una institución demora información que debería ser pública, el problema deja de ser ideológico: se convierte en calidad de vida.
Es como recibir una casa con problemas: durante los primeros meses es razonable explicar qué dejaron mal los anteriores; después de años administrándola, también corresponde mostrar qué se reparó, cuánto costó y por qué aquello que prometió corregirse continúa deteriorado.
Ecuador necesita superar esa costumbre de gobernar mirando permanentemente por el retrovisor. Lo preocupante sería terminar reproduciendo aquello que antes se condenaba mientras, al mismo tiempo, se debilitan estándares de servicio que la ciudadanía ya conoció y sabe que el Estado puede alcanzar. Ni el pasado debe convertirse en un paraíso imaginario ni el presente puede justificarse culpando eternamente al pasado.
La comparación correcta debe hacerse con resultados: cuántos medicamentos existen, cuánto demora una cita, cómo funciona la seguridad social, en qué condiciones están las carreteras, cuánto tarda un trámite, cuánta información pública recibe el ciudadano y cómo se utilizan sus impuestos. Porque cambiar autoridades no debería significar bajar los estándares. El verdadero cambio no consiste en gobernar diferente de palabra, sino en lograr que el Estado funcione mejor en la vida cotidiana de la gente.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
23/9/2026
