Venezuela se encuentra ante una encrucijada histórica. La intervención puede castigar a una figura de poder y abrir puertas a acuerdos económicos y políticos, pero no garantiza por sí sola democracia, estabilidad ni bienestar social. El desafío para la región y la comunidad internacional es evitar que la justicia se confunda con intereses estratégicos.
La captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump abrió uno de los debates más complejos de la historia reciente de América Latina. No se trata únicamente de la caída de un gobernante, sino de una acción que reconfigura el equilibrio entre soberanía, justicia internacional y seguridad transnacional. Para millones de venezolanos y para la región, el hecho plantea interrogantes urgentes sobre los límites del poder, el respeto a la ley y las consecuencias reales para una población que ya enfrenta una crisis prolongada.
Desde el plano jurídico internacional, el marco central es la Carta de las Naciones Unidas. Su artículo dos, numeral cuatro, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, salvo en casos de mandato expreso del Consejo de Seguridad o de legítima defensa frente a un ataque armado. Bajo este principio, una intervención militar unilateral en territorio venezolano carece de respaldo legal internacional, lo que ha llevado a numerosos especialistas a calificarla como contraria al derecho internacional público, más allá de la figura política involucrada.
No obstante, Estados Unidos sostiene una tesis distinta. El Gobierno de Donald Trump argumenta que no actuó contra un jefe de Estado, sino contra un actor señalado como líder de una estructura criminal transnacional, procesado en tribunales federales por delitos graves, con respaldo de organismos como la Drug Enforcement Administration y con participación de unidades militares como los United States Marine Corps. A este planteamiento se suma un elemento que genera especial inquietud: Trump ha manifestado su interés en acceder a recursos estratégicos venezolanos, particularmente el petróleo, bajo el argumento de una futura reconstrucción económica. La presidenta encargada ha respondido invitando a trabajar conjuntamente con Estados Unidos, proponiendo una relación bilateral basada en el respeto y la cooperación, aunque este acercamiento abre debates sensibles sobre soberanía y dependencia.
En este contexto surge una preocupación mayor en América Latina: la posible reimplantación de la Doctrina Monroe, una visión histórica que concibe a la región como zona de influencia directa de Estados Unidos. Para muchos analistas y gobiernos, el lenguaje utilizado, las advertencias públicas y la vinculación entre intervención, transición política y control de recursos recuerdan una lógica que se creía superada. Figuras del oficialismo venezolano como Diosdado Cabello denuncian una intervención con fines geopolíticos, mientras sectores opositores liderados por María Corina Machado sostienen que el colapso institucional exige apoyos externos para recuperar la democracia. A nivel global, líderes como Vladimir Putin observan con cautela este precedente, conscientes de que podría normalizar intervenciones selectivas bajo el argumento de justicia o seguridad.
En definitiva, Venezuela se encuentra ante una encrucijada histórica. La intervención puede castigar a una figura de poder y abrir puertas a acuerdos económicos y políticos, pero no garantiza por sí sola democracia, estabilidad ni bienestar social. El desafío para la región y la comunidad internacional es evitar que la justicia se confunda con intereses estratégicos, que los recursos naturales se conviertan en moneda de presión y que viejas doctrinas de dominación regresen bajo nuevos discursos. El futuro del país dependerá de que cualquier relación internacional se construya desde la legalidad, el respeto mutuo y, sobre todo, desde la protección del pueblo venezolano.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
5/1/2026
