La salida de Inés Manzano del Ministerio de Ambiente y Energía deja al descubierto una de las carteras más sensibles del país: una institución que hoy enfrenta, de manera simultánea, una crisis eléctrica y una caída sostenida en la producción petrolera. El presidente Daniel Noboa ya ha anunciado oficialmente a su reemplazo. Y el desafío es evidente: asumir un sector golpeado por la falta de planificación, la rotación constante de autoridades y decisiones que no han logrado sostenerse en el tiempo.
El sistema eléctrico nacional sigue dependiendo en gran medida de factores climáticos, especialmente de la generación hidroeléctrica, lo que lo vuelve vulnerable ante periodos de sequía. A esto se suma el fracaso en la incorporación efectiva de generación termoeléctrica y la falta de diversificación energética. Ecuador ya ha vivido apagones y restricciones, con impactos directos en la productividad. Según datos del sector industrial, cada hora sin energía puede generar pérdidas de miles de dólares en producción, afectando empleo, comercio y estabilidad económica.
En paralelo, el sector petrolero refleja una tendencia preocupante: la producción ha caído de un promedio de 441 mil barriles diarios en 2025 a cerca de 360 mil en la actualidad. Es decir, una reducción significativa que confirma una caída acumulada de alrededor del 33 por ciento en la última década. Esta disminución no solo afecta los ingresos fiscales, sino que limita la capacidad del Estado para sostener inversión pública. A esto se suma la baja capacidad de refinación, que obliga al país a depender del mercado internacional en condiciones desfavorables.
El contexto internacional tampoco juega a favor. La inestabilidad en Medio Oriente ha encarecido los derivados, generando una paradoja crítica: Ecuador, siendo productor de petróleo, necesita destinar hasta tres barriles de crudo para adquirir uno de diésel. Este escenario evidencia un problema estructural que no se resuelve con medidas temporales, sino con una política energética integral que combine inversión, modernización y sostenibilidad. El artículo 313 de la Constitución establece que los recursos naturales son estratégicos y responsabilidad del Estado, mientras que el artículo 284 obliga a garantizar una economía estable y eficiente. Sin embargo, la ejecución de estos principios sigue siendo una deuda pendiente.
El país enfrenta así un momento decisivo. No se trata solo de designar a una nueva autoridad, sino de definir un rumbo claro. La falta de energía reduce la producción nacional, y la caída petrolera limita los ingresos que sostienen al Estado. Ecuador ya ha experimentado las consecuencias de no actuar a tiempo. Hoy, más que nunca, deberíamos cuestionarnos si seguirá el país reaccionando a las crisis o finalmente se construirá una política energética con visión de largo plazo que garantice estabilidad, desarrollo y soberanía.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
7/5/2026
