Mónica Martyna Koniuszek, conocida en la provincia de Santa Elena como Monika Silva, era una ciudadana polaca que residía en Ecuador desde hace aproximadamente una década. En redes sociales era identificada como una activista comunitaria que desarrolló labores sociales y se involucró en diversas causas de interés ciudadano en la provincia peninsular.
Además de su trabajo con la comunidad, amplificó denuncias relacionadas con la gestión pública en Santa Elena. Criticó la gestión de los alcaldes de Santa Elena, La Libertad y Salinas, así como la actuación de asambleístas de la provincia. Estas acciones derivaron en procesos judiciales por presunta calumnia, entre ellos una demanda presentada por el contralor general del Estado, Mauricio Torres.
Entre los casos que impulsó, también se sumó a las críticas por la fallida venta de terrenos municipales en el cantón La Libertad, un proceso que contemplaba la adquisición de un predio de 93 hectáreas por parte de una joven de 24 años por un valor de USD 2,7 millones.
Koniuszek fue hallada sin vida la tarde del lunes 8 de junio en su domicilio, ubicado en la comuna Montañita. La mujer era propietaria de un hostal en el sector El Tigrillo, una zona alejada del centro turístico y comercial de la localidad. De 41 años y madre de dos hijas, fue encontrada en una habitación del inmueble en horas de la tarde. Sin embargo, de acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, su muerte se habría producido antes del mediodía.
Según el parte policial, en la escena no se encontraron armas de fuego ni proyectiles. Entre los indicios levantados constaban una cuerda, un cuchillo y un celular. Asimismo, el informe señala que el cuerpo presentaba “un surco a la altura del cuello”.
Durante las primeras diligencias, los agentes tomaron la versión de la pareja sentimental de la mujer, quien aseguró haber mantenido contacto con ella hasta aproximadamente las 11:00. El hombre indicó que Koniuszek atravesaba desde hace varios meses un cuadro depresivo relacionado con problemas legales y económicos, así como por presuntas amenazas que habría recibido.
Además, señaló que la ciudadana polaca se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y que había sido medicada por especialistas. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este martes que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la activista.
“Aún viva”
Monika Silva era activa en redes sociales. En su perfil describió que fue activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de grupos vulnerables y destacaba la frase “Aún viva”.
Ella se hizo conocer por exponer denuncias sobre casos de corrupción que ocurrían en Santa Elena, la provincia donde se radicó, pero que también ocurrían a escala nacional. Silva, en febrero, reveló presunto nepotismo y tráfico de influencias.
Los efectos de esas acusaciones las hizo públicas y escribió: "Soy la primera y la única mujer, ciudadana en la República del Ecuador, enjuiciada penalmente por el contralor general Mauricio Torres, quien aseguró públicamente que se trataba de calumnias".
También investigó el caso que salpicó a la administración del alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, por permitir la venta de 93 hectáreas de terrenos municipales para un proyecto inmobiliario. La transacción fue hecha a nombre de una joven de 23 años. Y en medio de cuestionamientos sobre cómo ella financió esa compra, y posibles vínculos con la entonces secretaria de la administración, Cynthia Gellibert, la mujer terminó denunciando que su identidad había sido suplantada y, finalmente, el municipio terminó anulando esa venta en enero de este año.
Silva también reveló irregularidades en la venta de 700 hectáreas de tierras municipales que se habrían ejecutado en la administración del exalcalde de Santa Elena, Otto Vera, actual asambleísta del Partido Social Cristiano, quien en enero negó que haya favorecido a algún comprador en específico.
Silva aseguraba en sus redes que todas esas denuncias por presuntos esquemas de tráfico de tierras, lavado de activos y posibles nexos entre actores políticos, funcionarios y grupos de poder en la península fueron presentadas formalmente a las autoridades del Estado, hasta en la Asamblea Nacional, a quienes les pedía fiscalizar, pero no tuvo respuesta.
Y en marzo, advirtió de un plan para atentar contra su vida, en el que denunciaba la instalación de una cámara de seguridad clandestina para vigilarla cerca de su domicilio en la comuna Montañita del cantón Santa Elena. La Unión Europea ha manifestado su preocupación por el caso de Mónika Silva y pidió a Ecuador una investigación rápida sobre los hechos.
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