El atentado ocurrido el 17 de junio en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, no puede leerse como un hecho aislado ni como una simple crónica de violencia. Varios videos se viralizaron mostrando el momento en que Carlos Alberto Suástegui Villanueva, identificado por el Gobierno como presunto cabecilla de Los Águilas en El Triunfo, fue atacado cuando salía del área de arribos internacionales. Según información policial, había llegado de Punta Cana, República Dominicana, tras salir del país el 12 de junio, acompañado de una mujer. Dos adolescentes lo esperaban desde aproximadamente las 16:10, ocultando armas en un ramo de flores y un peluche, hasta ejecutar el ataque cerca de las 18:00.
La pregunta: si el propio Gobierno lo calificó después como objetivo criminal priorizado y de alto riesgo, ¿por qué no tenía una alerta migratoria, una orden vigente o un control especial al ingresar y salir del país? No basta con que una autoridad salga a decirnos que era un cabecilla para intentar tranquilizar a la población. La ciudadanía necesita saber por qué una persona con ese perfil podía viajar con su propio nombre, no con pasaporte falso, y registrar al menos seis salidas internacionales en los últimos dos años. Es como si en un barrio todos supieran que una casa está en riesgo, pero la alarma recién se activa cuando ya ocurrió el incendio.
El caso genera más dudas porque no es el primero. Ya se ha visto a objetivos de alto valor circular en actividades cotidianas: alias El Marino jugando fútbol en Mocolí, alias Frenillo hospedado en un inmueble temporal en Puerto Santa Ana, y ahora Carlos Suástegui regresando de vacaciones del exterior por un aeropuerto internacional. Entonces, el cuestionamiento no es solo al aeropuerto, sino a toda la cadena de seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Migración, Fiscalía, jueces y sistema penitenciario. ¿Quién debía vigilarlo? ¿Quién debía pedir medidas? ¿Quién debía impedir su salida? ¿Quién falló o quién simplemente no actuó?
La planificación del ataque también revela un nivel alarmante de adaptación criminal. Según los reportes, dos menores de 14 y 15 años fueron usados para ejecutar el atentado. Permanecieron dentro de la terminal como si fueran familiares esperando a un viajero, camuflaron las armas en objetos aparentemente inocentes y dispararon cuando su objetivo salió. Posteriormente fueron aprehendidos y recibieron internamiento preventivo mientras enfrentan una investigación por el asesinato. Este dato debe estremecer al país: no solo estamos frente a organizaciones que disputan territorios, sino frente a estructuras que reclutan adolescentes para matar en espacios públicos llenos de familias, pasajeros y trabajadores.
Hay versiones contradictorias sobre lo ocurrido después del ataque, sobre el traslado del cuerpo y sobre quién dio la orden. Eso confirma algo doloroso: en temas de seguridad, muchas veces la verdad tarda en aparecer porque existen múltiples fuentes, intereses y silencios. Pero el mensaje del atentado sí fue claro y terrorífico: ya no hay lugares sagrados para matar. Si un ataque ocurre en un aeropuerto internacional, frente a pasajeros, familias y trabajadores, el mensaje para la ciudadanía es que ningún espacio parece estar completamente blindado. Antes se pensaba que ciertos lugares tenían un nivel de protección superior; hoy la gente se pregunta si realmente existe un sitio seguro.
Según versiones policiales recogidas en torno al caso, una de las hipótesis apunta al inicio de una disputa por el vacío de poder dentro del entorno de Los Choneros, donde mandos medios buscarían ganar fuerza, territorio y volumen criminal. En ese contexto aparece bajo sospecha alias AA, señalado como custodio de alias Javi y vinculado a operaciones en Milagro, una zona que forma parte del radar de inteligencia de Guayaquil. De acuerdo con esas versiones, alias AA, nacido en El Triunfo en 1987, habría estado detenido en la época de alias Rasquiña, habría tenido influencia en pabellones de la Penitenciaría y actualmente estaría fuera del país. La Policía no descarta líneas de investigación, aunque tampoco se puede afirmar una verdad cerrada mientras no existan resultados oficiales y judicializados.
Carlos Suástegui, de 39 años, no era un desconocido para las autoridades. Según el ministro del Interior, John Reimberg, registraba antecedentes y procesos por asociación ilícita, asesinato, delincuencia organizada y otros delitos tramitados entre 2011 y 2020. También fue señalado como figura importante de Los Águilas, organización nacida en El Triunfo y vinculada históricamente a Junior Roldán, alias Junior, presunto fundador del grupo y aliado de Los Choneros. Tras la muerte de Junior Roldán en Colombia, se habría desatado una pugna interna entre facciones, una liderada por alias Gordo Candela y otra relacionada con Suástegui, disputa que según fuentes policiales habría derivado en múltiples ataques.
Los Águilas no son una estructura menor. Según información de inteligencia citada en reportes periodísticos, tienen presencia en El Triunfo, Milagro, Naranjal, Durán, Daule, Yaguachi, Guayaquil, La Troncal y otros sectores estratégicos de Guayas y Cañar. Pasaron de asaltos en vías y extorsiones a convertirse en brazo armado de Los Choneros, con vínculos en microtráfico, tráfico internacional de drogas, control carcelario, atentados y hechos de alto impacto. Han sido mencionados en casos como ataques contra instituciones, masacres y hechos violentos que han golpeado a familias enteras. Por eso, cuando uno de sus presuntos cabecillas aparece entrando y saliendo del país sin impedimentos, el problema ya no es solo policial: es institucional.
La Constitución de la República, en su artículo 393, establece que el Estado debe garantizar la seguridad humana mediante políticas integrales para prevenir la violencia y proteger a la población. El artículo 66 reconoce el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia. Además, el artículo 82 habla de seguridad jurídica, lo que implica que las decisiones de jueces, fiscales y autoridades deben ser claras, oportunas y coherentes. Si una persona con historial judicial grave no tiene medidas vigentes, el país necesita saber si el problema fue falta de pruebas, falta de coordinación, decisiones judiciales débiles o ausencia de seguimiento estatal. Porque la seguridad no puede depender de enterarnos por redes sociales cuando ya ocurrió el atentado.
Lo más grave es la sensación de contaminación social que deja este caso. Pareciera que por todos lados la delincuencia organizada intenta infiltrarse: en barrios, negocios, cárceles, vías, instituciones, sistemas de movilidad y hasta en espacios donde antes una familia se sentía protegida. Ningún rincón, sector, barrio o casa ecuatoriana puede sentirse completamente ajeno cuando estas estructuras usan menores, vehículos, hospedajes, aeropuertos, contactos y vacíos del sistema para operar. Es como una humedad que entra por una pared: si no se atiende a tiempo, termina dañando toda la casa, aunque al inicio solo se vea una pequeña mancha.
Lo ocurrido en el aeropuerto de Guayaquil deja una reflexión dura: el país no puede acostumbrarse a que los criminales se muevan con más facilidad que un ciudadano honrado que debe hacer filas, presentar documentos y justificar cada trámite. Si el Estado sabe quiénes son los objetivos de alto valor, debe actuar antes, no después. Si los adolescentes están siendo reclutados para matar, debe existir una política urgente de prevención, protección familiar, control educativo y acción territorial. Y si los aeropuertos, vías, urbanizaciones, hoteles y terminales se han convertido en escenarios donde estas estructuras se sienten libres, entonces la pregunta final es directa: ¿quién está cuidando realmente al Ecuador y quién debe responder por permitir que los más peligrosos caminen como si nada mientras la ciudadanía vive con miedo?
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
19/6/2026
