Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no puedo quedarme con discursos tibios. Quiero decirlo con claridad y con la fuerza que nace de la experiencia vivida. Ecuador todavía nos debe una mirada fija, responsable y coherente. Nos debe datos reales, reglamentos claros, educación accesible, transporte digno, salud sin barreras, justicia pronta y servidores públicos formados. Nos debe igualdad de oportunidades, no como eslogan, sino como práctica cotidiana. Este día no se trata de celebrar que existimos, se trata de incomodar al sistema, de recordar que los derechos no se mendigan, se exigen, y que la verdadera inclusión no se construye con caridad, sino con poder, con participación, con presencia en los lugares donde se decide el destino del país.

Ayer recibí un galardón como Embajadora de la Inclusión y mientras sostenía el reconocimiento entre las manos, sentí no solo orgullo sino también vértigo, porque detrás de cada aplauso hay dos décadas de lucha, que nunca fueron fáciles. Más de veinte años defendiendo los derechos de las personas con discapacidad en espacios donde no siempre nos escuchaban, ni nos entendían, ni querían asumir su responsabilidad. Yo puedo hablar desde la experiencia viva, desde lo que ha transitado mi cuerpo y mi voz, y afirmar con convicción que he visto cambiar la mirada del Ecuador respecto de la discapacidad. Aunque ese cambio ha sido lento, lleno de resistencia institucional y de silencios cómplices.

Cuando empecé en el activismo tenía apenas dieciocho años. Mi presencia en las calles incomodaba y generaba miradas curiosas o evasivas, porque las personas con discapacidad no eran visibles en el espacio público. No es que no se hablara de derechos, se hablaba, pero desde una lógica de favor o de concesión, como si acceder a ellos dependiera de la buena voluntad de alguien y no de una obligación jurídica exigible. No existía todavía, ni en las instituciones, ni en la mayoría de las personas con discapacidad; esa fuerza colectiva para decir esto me corresponde por mi condición, esto está reconocido en la ley y tiene que cumplirse. Era más bien una actitud social que pedía, casi como un ruego, aquello que debía ser garantizado sin condiciones. Con el tiempo entendí que la visibilización se construye, no es un gesto espontáneo, sino que nace de un debate sostenido y de una confrontación constante, que obliga al Estado a admitir su responsabilidad y a transformar lo cotidiano en política pública.

El Ecuador jurídico también pasó por su propio proceso. Hubo un tiempo en que la ley orgánica existente, la de finales de los noventa, contenía apenas unos treinta artículos y dejaba casi todo lo esencial al reglamento. Casi todos los derechos, las obligaciones y las garantías dependían de la voluntad del Ejecutivo de turno. Un ministro podía cambiar lo que quisiera, un presidente podía recortar derechos con una firma. ¿Qué clase de estabilidad puede tener la dignidad humana cuando depende de un decreto? Esa fragilidad normativa fue uno de los motores de nuestra lucha colectiva, fue lo que nos impulsó a promover una nueva ley, una que recogiera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una ley que fuera verdadera estructura, un piso común y no un documento sometido a la arbitrariedad política.

Lograr esa nueva ley fue, sin exagerar, un cambio de época. Significó colocar la discapacidad en el lenguaje constitucional, significó incorporar principios de igualdad material, accesibilidad universal, ajustes razonables, vida independiente y participación plena. Significó, sobre todo, pasar del paradigma médico asistencial, al paradigma de derechos humanos. Y ese giro no fue un gesto romántico, fue una batalla que nos tomó años. Cada artículo fue discutido con ministerios, asambleístas, organizaciones y colectivos. Cada palabra significaba algo, porque sabíamos que ignorar una frase podía traducirse en exclusión futura.

Sin embargo, después de haber logrado una de las legislaciones más avanzadas de la región, descubrimos la cara más dura del Ecuador, esa tendencia histórica a escribir leyes hermosas, emocionantes, coherentes con los tratados internacionales, pero ejecutar apenas una mínima parte. Podemos tener la mejor norma, pero si los ministerios no reglamentan, si no hay presupuesto, si no hay fiscalización, si los servidores públicos desconocen sus obligaciones o ponen obstáculos, la ley se convierte en poesía inútil. Esa es la parte que más duele porque la promesa se queda en papeles que algunos nunca leerán, mientras en la realidad seguimos encontrando escaleras, negligencias, miradas que infantilizan o trámites imposibles.

Este año se aprobó una nueva reforma, la Ley para las Personas con Discapacidad. Algunas cosas debieron mejorarse, otras debieron ser más específicas, pero más allá de esas discusiones técnicas, hay una prioridad principal que no admite espera, que la norma se cumpla, que quienes necesitamos ajustes razonables podamos acceder a ellos sin dilaciones, que las instituciones del Estado respeten los tiempos, que los servidores públicos entiendan que no nos están haciendo favores, están cumpliendo obligaciones legales y éticas. Porque cuando un derecho reconocido se incumple, el Estado comete negación, postergación y violencia administrativa, y esa violencia, aunque no siempre deja marca física, deja heridas profundas en la dignidad.

La realidad estadística es otro de los frentes que refleja una deuda grave. Ecuador no tiene datos claros, integrales y actualizados, sobre la realidad de las personas con discapacidad. Se construyen políticas públicas con base en supuestos, en estimaciones incompletas o ficticias, en registros dispersos entre instituciones que no se comunican. Y cuando no hay datos reales, no hay decisiones inteligentes, no hay presupuestos eficientes, no hay planificación responsable. Un país que no conoce la dimensión real de un grupo humano, termina tratándolo como anécdota o como tema secundario. La discapacidad no puede ser una cifra aproximada, debe ser un campo de investigación serio, sostenido, transparente.

Y hay un tema del que casi nadie quiere hablar, aunque es urgente y doloroso. La emisión de certificados de discapacidad a personas que no la tenían, constituye un delito que todavía no ha sido resuelto con contundencia. No es un trámite mal hecho, es una traición moral y jurídica. Significa robar recursos, vulnerar la confianza pública y banalizar la experiencia real de miles de personas, que vivimos cada día con una condición que no se elige, que se gestiona con coraje, con paciencia y con lucha. Quien obtuvo un certificado falso, no solo cometió fraude, sino desprecio a nuestra existencia. Y el Estado, al no haber continuado con los procesos, al no haber sancionado con firmeza y transparencia, envía un mensaje de permisividad que nos afecta a todos.

Por eso hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no puedo quedarme con discursos tibios. Quiero decirlo con claridad y con la fuerza que nace de la experiencia vivida. Ecuador todavía nos debe una mirada fija, responsable y coherente. Nos debe datos reales, reglamentos claros, educación accesible, transporte digno, salud sin barreras, justicia pronta y servidores públicos formados. Nos debe igualdad de oportunidades, no como eslogan, sino como práctica cotidiana. Este día no se trata de celebrar que existimos, se trata de incomodar al sistema, de recordar que los derechos no se mendigan, se exigen, y que la verdadera inclusión no se construye con caridad, sino con poder, con participación, con presencia en los lugares donde se decide el destino del país.

Ayer recibí un galardón como Embajadora de la Inclusión, hoy sigo siendo una luchadora y mañana continuaré siendo una voz que no se calla, porque nada cambia si aceptamos el silencio como algo de costumbre.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle

Abogada y Activista

Columnista www.vibramanabi.com

3/12/2025