Cuando el Estado prioriza el Frente Social

Por: María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle

Publicado en 10/12/2025 08:28

El reordenamiento del Frente Social constituye la posibilidad de que el Gobierno confirme ante el país, que no solo busca fortalecer instituciones, atraer inversiones o mejorar indicadores, sino que aspira a gobernar con una comprensión auténtica del bienestar cotidiano de cada habitante. Esa capacidad de confirmar con hechos que la vida humana es el centro del proyecto nacional, es lo que convierte cualquier administración en un verdadero gobierno de un Ecuador más humano.

Después de la consulta del dieciséis de noviembre, cuando la ciudadanía decidió pronunciarse de manera negativa en todas las preguntas planteadas por el Ejecutivo, se hizo evidente que el país exigía una lectura que fuese más allá de los análisis inmediatos; porque ese resultado nació de la percepción de que las prioridades sometidas a votación, no guardaban correspondencia con la experiencia diaria de la población. A partir de ese momento, el Gobierno tomó una serie de decisiones que, desde afuera, permiten suponer que identificó que, el área que no estaba generando una respuesta afirmativa era el manejo del Frente Social. Esa suposición no surge de una afirmación oficial, sino de la lógica con la que se leen los efectos políticos cuando el país señala, aunque silenciosamente, que un sector tan sensible no estaba siendo conducido como debía.

Por esa razón, una de las primeras decisiones del Ejecutivo, fue recolocar a quienes estaban a cargo de esta área y ubicar a la vicepresidenta María José Pinto como responsable de coordinar el bloque social. Un movimiento que, más allá de su dimensión administrativa, permite pensar que el Presidente de la República muy probablemente no estaba siendo debidamente informado respecto de detalles y problemáticas que afectan directamente la vida de la gente. El Frente Social no es una estructura burocrática, es el espacio donde se atiende la salud, la educación, la protección familiar, la seguridad social y el bienestar integral de la población, y donde la ausencia de información clara, termina abriendo distancias que luego se traducen en decisiones incompletas de la autoridad. Cuando un área tan delicada se administra sin la claridad suficiente, los vacíos se vuelven inevitables y esos vacíos terminan revelando la necesidad de corregir la conducción de un sector que exige sensibilidad, precisión técnica y una comprensión profunda de lo que significa sostener la vida de un país entero.

Este escenario guarda relación con lo que compartí en la carta que dirigí al Presidente, donde señalé, con respeto y responsabilidad, que muy probablemente quienes debían informarle no estaban transmitiendo la situación del Frente Social tal como era. Cuando la información llega diluida, incompleta o suavizada, se altera la comprensión real de lo que ocurre, tanto en los territorios como en los servicios públicos, y esa alteración termina afectando la capacidad de decisión, en un ámbito que no admite errores. Lo que señalé en esa carta, buscaba resaltar que la política social necesita ser vista en toda su magnitud y que un Estado constitucional de derechos y justicia, no puede permitirse actuar con diagnósticos insuficientes en áreas que definen el bienestar ciudadano.

En este marco, conviene recordar que el Frente Social no puede ser considerado un gasto, ni una variable presupuestaria, sujeta al vaivén de los equilibrios fiscales, porque las políticas destinadas a enfrentar las problemáticas del país son la base misma de la democracia. La Constitución es clara y el artículo uno, define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. El artículo tres, establece que es deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de derechos como la salud, la educación y la seguridad social; y el artículo once exige que toda decisión pública observe principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad. El artículo treinta y cinco, reconoce la protección reforzada para los grupos de atención prioritaria, lo cual impide retrocesos en servicios o garantías destinadas a quienes ya enfrentan condiciones más complejas.

Cuando se comprende esto, se vuelve evidente que lo social es el corazón que permite que un país respire con dignidad. Ningún proyecto institucional, económico o político, puede sostenerse si ese corazón late débil o si se lo concibe como secundario frente a otras prioridades. El Gobierno tiene su agenda y la ciudadanía la reconoce, pero el país también necesita que se entienda que el Frente Social no complementa esa agenda, sino que la vuelve humana, cercana y sostenible. Es en ese espacio donde las políticas públicas dejan de ser declaraciones abstractas y se transforman en acompañamiento real, en presencia institucional, en protección para quienes cargan con más peso sobre sus espaldas, y en señales claras de que el país no abandona a quienes más lo necesitan.

Por eso el dieciséis de noviembre debe interpretarse como la oportunidad de recordar que toda prioridad estatal adquiere sentido profundo, únicamente cuando se refleja en la vida concreta de las personas. El reordenamiento del Frente Social constituye la posibilidad de que el Gobierno confirme ante el país, que no solo busca fortalecer instituciones, atraer inversiones o mejorar indicadores, sino que aspira a gobernar con una comprensión auténtica del bienestar cotidiano de cada habitante. Esa capacidad de confirmar con hechos que la vida humana es el centro del proyecto nacional, es lo que convierte cualquier administración en un verdadero gobierno de un Ecuador más humano.