Injusticia normalizada, inclusión simulada y el silencio que nos involucra

Por: María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle

Publicado en 16/12/2025 16:26

Cuando una sociedad se acostumbra a la injusticia, cuando acepta discursos vacíos sin exigir coherencia, cuando guarda silencio frente a la exclusión porque no la vive en carne propia, no fallan solo las políticas públicas o las instituciones. Fallamos todos, de maneras distintas y con responsabilidades diferentes. Reconocerlo no es un acto de acusación, es un ejercicio de honestidad colectiva, porque ninguna conciencia se mueve desde la comodidad absoluta.

Hay silencios que no nacen de la ignorancia ni de la falta de información. Nacen de la costumbre. De tanto ver la injusticia repetirse, terminamos por aceptarla como parte del orden natural de las cosas, como si no hubiera alternativa posible. Ese aprendizaje silencioso, casi invisible, es uno de los mecanismos más eficaces con los que una sociedad se adapta a lo que sabe que está mal sin sentirse obligada a reaccionar.

En los últimos tiempos, la inclusión, particularmente la inclusión de las personas con discapacidad, ha ganado un espacio visible en el discurso público. Se celebran menciones internacionales, se aplauden campañas corporativas bien producidas, se habla de diversidad con entusiasmo renovado, como si se tratara de un hallazgo reciente. Y, sin embargo, para quienes hemos estado involucrados en este tema durante años, incluso décadas, esa efervescencia genera una sensación ambigua. No porque sea negativo que el tema esté en la agenda, sino porque se presenta como novedad algo que ha sido trabajado, discutido y defendido en el Ecuador desde hace más de veinte años, muchas veces sin eco, sin respaldo y, sobre todo, sin voluntad sostenida de coherencia.

La inclusión no apareció de repente ni llegó importada en un discurso elegante. En este país se ha hablado de inclusión, se ha normado la inclusión y se ha intentado empujar la inclusión desde hace mucho tiempo. A inicios de la década del 2010, desde una fundación que presidía, envié una carta a la entonces Presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En ella no reclamaba, no exigía, no acusaba. Planteaba algo sencillo y, al mismo tiempo, profundamente estructural. La inclusión de personas con discapacidad en las empresas no debía limitarse al cumplimiento de una norma, debía comprenderse como un proceso que requería orientación, acompañamiento y criterio, porque una inclusión mal hecha no solo vulnera derechos, también termina generando costos humanos y económicos para las propias empresas. Ofrecí, incluso, brindar esa orientación sin costo. La respuesta fue el silencio, un silencio que, con el tiempo, terminó diciendo más que cualquier negativa explícita.

Hoy, más de una década después, veo a esa misma institución y a muchas empresas activarse en torno a la inclusión laboral. Es justo reconocer que algo se ha movido y que ciertos espacios se han abierto. Negarlo sería injusto. Pero también es legítimo preguntarse si lo que vemos es un aprendizaje real o simplemente un cambio de discurso. Porque hay una diferencia sustancial entre incorporar la inclusión como consigna y asumirla como práctica cotidiana. La primera tranquiliza, la segunda incomoda. Y la incomodidad, en estos temas, suele ser el primer filtro que separa la convicción de la conveniencia.

Aquí aparece una de las formas más aceptadas y menos cuestionadas de injusticia, la inclusión simulada. Aquella que cumple con el mínimo legal, que se satisface con el porcentaje, con el expediente completo, con la apariencia de corrección, pero que no modifica la cultura interna ni la forma de mirar a la persona. Es una inclusión que existe para ser mostrada, no para ser vivida, que se agota en el número y no se pregunta por las condiciones reales, por los apoyos necesarios, por el trato cotidiano. Una inclusión que calma conciencias, pero no altera estructuras.

Este punto nos obliga a salir del terreno cómodo de la crítica institucional y mirar también hacia la ciudadanía. Porque muchas veces defendemos los derechos con entusiasmo mientras permanecen en abstracto, pero nos incomodan cuando exigen cambios reales, cuando obligan a revisar prácticas normalizadas, cuando cuestionan privilegios que preferimos no nombrar. Nos resulta sencillo indignarnos cuando la injusticia nos afecta directamente, pero aprendemos a relativizarla cuando le ocurre a otros. El silencio, entonces, deja de ser pasividad y se convierte en una forma de participación.

La diversidad humana no es una anomalía que deba corregirse. Es una condición de la vida social. Pensar en un mundo sin diferencias es imaginar un mundo inexistente. Siempre habrá diferencias de capacidad, de género, de edad, de origen, de pensamiento. El desafío no está en eliminarlas, sino en aprender a convivir con ellas sin jerarquizarlas, en reconocer valor donde durante años solo se han visto límites. No como gesto altruista ni como cumplimiento formal, sino como una comprensión básica de convivencia.

Tal vez el problema no sea que falten discursos, ni campañas, ni buenas intenciones. Tal vez el problema sea que hemos aprendido a convivir con la injusticia sin nombrarla, a aceptar la inclusión mientras no nos incomode demasiado, a defender derechos solo cuando sentimos que son propios. El silencio, en ese contexto, no es ausencia de opinión, es una elección. Y cada vez que elegimos callar frente a lo que sabemos que no está bien, la injusticia deja de ser ajena y empieza a parecernos normal.