Cuando el Sistema Judicial falla, ¿quién está a salvo?

Por: María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle

Publicado en 07/01/2026 10:22

Confiamos en la justicia como si fuera un terreno firme, pero rara vez nos detenemos a pensar qué ocurre cuando el sistema que debería proteger derechos funciona mal. Esta reflexión no nace de una postura política, sino de la experiencia jurídica y de una pregunta que, tarde o temprano, nos interpela a todos.

Hace tiempo que vengo dándole vueltas a una inquietud, que no nace de una coyuntura, ni de una noticia puntual, sino de una incomodidad más profunda, de esas que se forman cuando observamos el sistema desde dentro y ya no podemos fingir que no sucede. En el mundo jurídico solemos repetir, casi como una verdad asumida, que el derecho penal aparece cuando todo lo demás falló. No como una solución elegante, sino como una respuesta tardía. Cuando el derecho administrativo no corrigió, el tributario no previno, el laboral fue ignorado, cuando la contratación pública se volvió un espacio opaco, donde nadie quiso asumir responsabilidades; entonces irrumpe el derecho penal, cargado de castigo y de promesas de orden.

El problema es que hemos aprendido a confundir esa irrupción con justicia. Como si castigar fuese sinónimo de resolver. Como si privar de libertad fuese, por sí mismo, una forma de reparación. Desde el ejercicio profesional y como ciudadana, esa confusión me resulta cada vez más inquietante, sobre todo en un país donde el sistema judicial atraviesa una crisis que ya no se puede negar, ni relativizar. No hablamos de percepciones vagas, hablamos de desconfianza instalada, procesos cuestionados y decisiones judiciales que generan más sospechas que certezas.

Basta escuchar cualquier conversación cotidiana o revisar titulares, para que aparezca la misma frase, “estos jueces”, “este sistema”, “aquí la justicia no funciona”. Lo decimos con una mezcla de ironía y resignación, pero rara vez hacemos el ejercicio incómodo de conectar esa crítica con su consecuencia más grave. Porque las malas prácticas judiciales no se quedan en el plano institucional, ni en el debate técnico. Su resultado más concreto es la pérdida de libertad de personas reales.

Ahí es donde mi postura se vuelve incómoda, incluso para quienes defendemos el orden jurídico. Si desconfiamos del sistema judicial, si aceptamos que no es plenamente fiable, si sabemos que está atravesado por presiones, intereses y fallas estructurales, entonces no podemos afirmar con tanta ligereza que, todas las personas privadas de libertad son culpables. Esa afirmación exige un nivel de confianza institucional que, honestamente, hoy no existe. ¿O sí confiamos plenamente en el sistema judicial?

No se trata de negar el delito, ni querer impunidad, bajo ningún concepto, puesto que, existen delitos flagrantes, pruebas abrumadoras y responsabilidades claras. Eso no está en discusión. Lo que sí debería estarlo, es la idea cómoda de que la cárcel alberga exclusivamente a los verdaderos responsables del daño social. Una parte importante de la población carcelaria no tiene sentencia, vive bajo prisiones preventivas prolongadas, enfrenta procesos interminables y carece de una defensa técnica adecuada. En muchos casos, no es la culpabilidad lo que define el destino de una persona, sino su capacidad, o incapacidad, de sostener un proceso judicial en un sistema caro, lento y profundamente desigual.

Lo que más inquieta es la reacción social frente a esta realidad. El hacinamiento, la tuberculosis, la violencia estructural dentro de las cárceles generan una apatía alarmante. Se instala una lógica peligrosa, “mejor que estén adentro y no afuera”, como si la privación de libertad fuese una forma aceptable de orden social. Pero esa frase evita deliberadamente la pregunta central, ¿quiénes están adentro?

¿Estamos hablando de los grandes responsables del saqueo institucional, de los verdaderos beneficiarios de la corrupción, o estamos hablando de personas sin sentencia, de chivos expiatorios, víctimas colaterales de un sistema que castiga con mayor severidad a quienes menos herramientas tienen para defenderse?

La experiencia demuestra con claridad, que los peces gordos rara vez pisan una celda, y cuando lo hacen, no lo hacen en las mismas condiciones que el resto.

Nada de lo que planteo aquí nace de una posición política, ni de una simpatía ideológica. Nace de la lectura, del estudio y de una reflexión jurídica sostenida en el tiempo. Mi forma de mirar el derecho penal se construyó leyendo a Cesare Beccaria, quien entendía la pena como un mal necesario y excepcional; se consolidó con Luigi Ferrajoli, cuya teoría del garantismo coloca límites estrictos al poder punitivo del Estado; se profundizó con el pensamiento crítico de Eugenio Raúl Zaffaroni, que ha advertido durante décadas sobre el carácter selectivo del castigo penal; y se amplió con Michel Foucault, al comprender que la cárcel no es un espacio neutral, sino un dispositivo de poder. Estas lecturas no conducen a la impunidad, conducen a una defensa más exigente del Estado de Derecho.

Tal vez como sociedad preferimos no profundizar demasiado en estas preguntas, porque hacerlo nos obliga a asumir una verdad incómoda, que la cárcel no siempre encierra solo culpables, también encierra errores, omisiones y fracasos institucionales. Y mientras sigamos mirando hacia otro lado, seguiremos creyendo que el problema está siempre afuera, sin reconocer que la fragilidad del sistema judicial nos expone a todos e incluso a quienes hoy creen estar a salvo.