Ecuador atraviesa momentos que invitan a una profunda reflexión. Cada día conocemos familias preocupadas por la inseguridad, pacientes que esperan atención médica, comunidades que aún luchan por acceder de manera continua al agua potable, calles y carreteras que requieren mantenimiento, estudiantes que buscan mejores oportunidades educativas y ciudadanos que aún recuerdan las interrupciones del servicio eléctrico que afectaron hogares, comercios y sectores productivos. Son realidades distintas, pero todas convergen en un mismo anhelo: vivir con dignidad. La Constitución de la República del Ecuador no presenta estos servicios como favores del Estado, sino como derechos que deben garantizarse mediante políticas públicas eficientes, transparentes y oportunas.
No es normal que un ciudadano deba insistir una y otra vez para recibir atención médica, esperar durante años una obra básica, resignarse al deterioro de una vía o acostumbrarse a convivir con el temor por la inseguridad. El artículo 3 de la Constitución establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar, sin discriminación, el goce efectivo de derechos como la salud, la educación, la seguridad, el agua y otros servicios esenciales. A su vez, el artículo 32 reconoce la salud como un derecho garantizado por el Estado; el artículo 26 hace lo propio con la educación; el artículo 314 dispone que los servicios públicos deben prestarse bajo criterios de obligatoriedad, eficiencia, continuidad y calidad. Lo que la ciudadanía solicita no son privilegios, sino el cumplimiento de lo que la ley ya reconoce.
Por eso, los ecuatorianos no deberían sentir miedo al exigir respeto por sus derechos. Levantar la voz con respeto, presentar una petición, denunciar una deficiencia o solicitar transparencia no convierte a nadie en un opositor ni en un enemigo de las instituciones. El artículo 66 de la Constitución garantiza la libertad de expresión, mientras que el artículo 61 reconoce el derecho de participar en los asuntos de interés público y el artículo 95 fortalece la participación ciudadana como un mecanismo para construir una mejor democracia. Una sociedad que pregunta, participa y exige cuentas fortalece al Estado; una sociedad que guarda silencio termina debilitando sus propios derechos.
También es momento de recordar que el desarrollo del país no depende únicamente de las autoridades. Como ciudadanos tenemos el deber de respetar las leyes, cuidar los bienes públicos, cumplir nuestras obligaciones tributarias, participar activamente en nuestras comunidades y rechazar cualquier forma de corrupción, por pequeña que parezca. Sin embargo, ese compromiso ciudadano debe encontrar la misma responsabilidad en quienes administran los recursos públicos. Cada impuesto pagado, cada trámite realizado y cada voto depositado representan un acto de confianza que merece traducirse en resultados concretos para las familias ecuatorianas.
Ecuador no necesita ciudadanos resignados; necesita ciudadanos conscientes de que la dignidad no se mendiga. La seguridad, la salud, la educación, los servicios básicos, la energía eléctrica y la infraestructura no deben depender de influencias, favores o insistencias permanentes. Son derechos respaldados por la Constitución y obligaciones que las instituciones están llamadas a cumplir. Cuando la ciudadanía deja de pedir permisos para exigir lo que legítimamente le corresponde y lo hace con respeto, responsabilidad y fundamento legal, fortalece la democracia y recuerda que el verdadero poder de un país no está en sus discursos, sino en la capacidad de garantizar una vida digna para cada uno de sus habitantes.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
5/7/2026
