Los Cuatro de Guayaquil: voces apagadas, una memoria que resiste con olor a inocencia quemada

Por: Néxar Rodríguez Vélez

Publicado en 13/12/2025 10:04

Una herida abierta en la memoria de Guayaquil, un símbolo de cómo la verdad puede ser fragmentada, manipulada y ocultada.

Hace un año —el 8 de diciembre de 2024— cuatro adolescentes, Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11), fueron detenidos por militares en un barrio llamado Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, donde el cemento se funde con la sal del estero y la vida se teje con el esfuerzo diario. Un operativo que nunca debió ser.

El contexto era el “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno, un estado de excepción que justificaba operativos de control en zonas consideradas “peligrosas”. La versión oficial inicial habló de un “procedimiento rutinario” contra presuntos colaboradores de grupos criminales. Pero pronto esa narrativa se desmoronó: los niños nunca fueron presentados ante un juez, nunca se registró su detención en actas, y semanas después aparecieron calcinados y con signos de tortura cerca de una base militar en Taura.

No eran simples nombres, eran promesas que aún no habían escrito su futuro, con el eco de la pelota de fútbol y la música en sus pasos. Lo que sigue es una herida abierta, un relato donde la luz de la justicia choca contra la densa niebla de la violencia estatal y el presunto encubrimiento.

Los relatos dejan más dudas que certezas, voces que se cruzan en la penumbra y multiplican las contradicciones:

• Primero negaron todo, quisieron dejar por hecho que nada había pasado.

• Luego, en base a pruebas y videos de cámaras de vigilancia, los militares admitieron la detención, pero alegaron que los menores fueron entregados a la Policía, la cual negó haberlos recibido.

• Posteriormente declararon que los habían liberado en las cercanías de la base de Taura.

• Las autoridades hablaron de “confusión” en los registros, una explicación tan frágil como el humo que cubría los cuerpos incinerados.

• La versión inicial de que la detención fue por una supuesta “huida tras un robo” fue desestimada por la Fiscalía por falta de pruebas.

Estas versiones contradictorias revelan un patrón: la verdad se diluye en un laberinto de instituciones que se señalan unas a otras, mientras la justicia se estanca.

Familias y vecinos insistieron en que los niños fueron vistos por última vez en manos de uniformados, y que jamás tuvieron vínculos con bandas criminales. El relato oficial intentó instalar la idea de que eran “colaboradores” de grupos armados, una etiqueta que buscaba justificar lo injustificable. Los medios alineados al discurso estatal reprodujeron esa sospecha, mientras periodistas independientes y organismos de derechos humanos denunciaron la desaparición forzada y asesinato como un crimen de Estado. La manipulación no solo fue mediática: también se intentó borrar huellas en los registros militares y policiales, ocultando quién dio la orden, quién ejecutó la detención y quién permitió la incineración de los cuerpos.

La sensación de lo incompleto persiste:

• Un sistema de impunidad que protege a las Fuerzas Armadas bajo el argumento de la “seguridad nacional”.

• Un pacto de silencio institucional, donde la verdad se convierte en un riesgo político.

• La estigmatización de los barrios populares, convertidos en escenarios de guerra interna, donde la juventud pobre es vista como sospechosa por defecto.

• Una detención irregular, según investigaciones y testimonios de militares que se acogieron a la cooperación eficaz, quienes confirmaron que los jóvenes fueron interceptados por patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

• La violación del protocolo: pese a tener detenidos a menores de edad (uno de ellos, Steven, de tan solo 11 años, inimputable), los militares nunca los entregaron a la Policía Especializada (DINAPEN) ni notificaron a la Fiscalía de Adolescentes Infractores.

Este crimen no fue un accidente ni un exceso aislado: fue un mensaje de poder, un recordatorio brutal de que en ciertos territorios la vida vale menos que la narrativa oficial.

Los cuatro niños de Las Malvinas no son cifras ni titulares: son ecos que aún juegan en la cancha de la Coviem, sombras que acompañan las marchas con féretros de cartón, nombres que se repiten como plegaria en cada vigilia. Su historia es la metáfora más dolorosa de un país donde la verdad se quema junto con los cuerpos, y donde la memoria se convierte en resistencia.

La verdad de Las Malvinas no se esconde en un solo archivo, sino en el olor a inocencia quemada. Allí, la tierra tragó la ceniza de las promesas de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, y devolvió una pregunta hiriente al cielo ecuatoriano: ¿de qué vale un Estado de Derecho si quienes juran proteger se convierten en sombras que golpean y calcinan a sus hijos más vulnerables?

El juicio sigue su curso, lento, pesado. Cada testimonio de los delatores es una grieta en el muro de silencio. Es latente el ruego de las madres y padres que, un año después, siguen exigiendo que el grito de sus niños, acallado por el fuego y el miedo, resuene hasta que el último responsable pague. Porque mientras el Estado calla, la comunidad canta: “Aquí faltan cuatro, y hasta que la justicia despierte, no dejaremos de nombrarlos.”