
Hay decisiones públicas difíciles, que deben tomarse por responsabilidad, ética y, por supuesto, legalidad.
En los últimos días se ha pretendido confundir a la ciudadanía respecto de mi actuación en el Consejo Nacional Electoral, señalando que participé y que estoy de acuerdo con el adelanto de las elecciones, lo cual es absolutamente falso. Mi actuación se circunscribió única y exclusivamente a la sesión del Consejo Nacional Electoral en la que se trató la apertura de procesos respecto de dos organizaciones políticas que no cumplían con los requisitos de número de afiliados de acuerdo con la ley.
Es oportuno aclarar que no se resolvió eliminar a ninguna organización política, lo que se resolvió fue abrir un proceso, y dicho proceso implica notificación, derecho a la defensa, presentación de descargos y una decisión posterior debidamente motivada, sobre la base de criterios técnicos y jurídicos que, además, se encuentran al alcance de la ciudadanía.
Cuando el cumplimiento de la ley se intenta presentar como persecución política, se está engañando a la ciudadanía, y eso no es correcto, porque subestima la capacidad de análisis de los ecuatorianos y ecuatorianas.
He ejercido funciones públicas y entiendo perfectamente que la gestión institucional pierde legitimidad cuando se contamina con afectos o desafectos políticos en espacios que son, por naturaleza, técnicos y de respuesta jurídica. Por eso, frente al incumplimiento de requisitos objetivos, la única actuación responsable es iniciar los procedimientos que la ley establece, sin excepciones y sin colocar a nadie por encima de ella.
Eso es respeto a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de organizaciones políticas que reciben recursos públicos, porque implica velar por que el dinero del pueblo se asigne únicamente a estructuras que cumplen con las condiciones legales para su existencia.
Actualmente, es importante que la ciudadanía sepa que, más de 200 organizaciones políticas participarán en las siguientes elecciones. Pretender posicionar la idea de que la apertura de un proceso respecto de dos organizaciones que, al momento, no cumplen con un requisito afiliativo, afecta la democracia en el Ecuador, es impreciso y engañoso.
Estas decisiones deben someterse al debido proceso, resolverse desde lo técnico y jurídico. La ciudadanía merece información clara, y sobre todo, merece poder distinguir entre hechos verificables y versiones construidas desde intereses políticos.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada / Máster en Administración Pública / Activista
Columnista www.vibramanabi.com
6/4/2026