La Constitución dice que la educación pública es gratuita, pero en demasiadas escuelas fiscales las familias terminan pagando pintura, pupitres, ventiladores, seguridad, uniformes, útiles y hasta apoyo externo para que sus hijos puedan cumplir con tareas que el sistema se desentiende.
En Ecuador la educación pública es gratuita, al menos eso dice la Constitución. También dice que la educación es un derecho y un deber ineludible del Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño, que el Ecuador ha ratificado, reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación y obliga a los Estados a garantizar, como mínimo, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. El Código de la Niñez y Adolescencia y la propia Constitución ordenan, además, que toda decisión pública que afecte a niñas, niños y adolescentes observe el principio del “interés superior”. Sobre el papel, el marco jurídico es claro; en la vida diaria de muchas familias, la realidad cuenta otra historia.
En demasiadas escuelas y colegios fiscales, los padres terminan pagando lo que el Estado no resuelve. Si hay que pintar el aula, si se dañan los ventiladores, si los pupitres están deteriorados, para prácticamente todo se pide colaboración. Si falta seguridad, cerramiento, tumbado, aire acondicionado o algún arreglo urgente, otra vez se pide colaboración. La palabra “colaboración” suena amable, pero cuando se vuelve frecuente, necesaria y casi inevitable, deja de ser participación comunitaria y empieza a parecer traslado de responsabilidad pública hacia los hogares.
Ese es el punto jurídico y político que debe discutirse sin adornos, la gratuidad de la educación no consiste únicamente en no cobrar matrícula; una educación pública realmente gratuita exige que el Estado garantice las condiciones básicas para estudiar, infraestructura adecuada, mantenimiento, seguridad, mobiliario, docentes, materiales razonables y acompañamiento pedagógico. Cuando esas condiciones dependen de lo que puedan aportar los padres, la gratuidad se rompe en la práctica, aunque se siga defendiendo en el discurso.
El Estado existe jurídicamente, pero funciona a través de gobiernos, ministerios, distritos, coordinaciones zonales, autoridades educativas, directores y servidores públicos con competencias concretas. Por eso, cuando una escuela fiscal necesita que los padres resuelvan lo básico, la pregunta no debería ser cuánto puede aportar cada familia, sino qué autoridad no planificó, presupuestó, ejecutó o no controló a tiempo. La pobreza de las familias no puede convertirse en la caja chica de la negligencia pública.
La afectación tampoco es neutra, en la mayoría de hogares, quien termina cargando con estas exigencias es la madre. La madre que trabaja, que sostiene el hogar, la madre que llega cansada y aun así tiene que revisar tareas, conseguir cartulinas, imprimir trabajos, comprar materiales, pagar a alguien para que ayude con una maqueta o pedir permiso en su empleo para atender reuniones y pedidos escolares. Lo que antes muchas escuelas resolvían dentro del aula, con explicación, refuerzo académico y acompañamiento al estudiante, hoy se está descargando sobre los hogares como si todas las familias tuviesen tiempo, dinero, conectividad y adultos disponibles.
La pandemia obligó como medida de emergencia, a trasladar parte del proceso educativo a la casa. Lo grave es que, terminada la emergencia, ciertas prácticas se quedaron instaladas como costumbre. Ahora muchos niños reciben tareas que exigen más capacidad del hogar que acompañamiento de la institución educativa, por consecuencia, cuando el hogar no puede responder, el niño queda expuesto, la madre se culpa y el sistema se lava las manos.
Por eso es tan fuerte escuchar a madres de sectores populares decir que a veces les convendría más una escuela particular, porque al menos allí saben cuánto van a pagar al mes. En la escuela fiscal, en cambio, la supuesta gratuidad puede venir acompañada de gastos sorpresa, cuotas disfrazadas, materiales constantes y responsabilidades que nadie presupuestó. Esa frase debería estremecer a cualquier autoridad educativa, porque significa que la educación pública está perdiendo su sentido más importante, aliviar desigualdades, no convirtiendo más pobres a las familias de escasos recursos.
Aquí no se cuestiona la voluntad de los padres que ayudan a la escuela de sus hijos, se cuestiona que esa ayuda se vuelva necesaria para que el plantel funcione. Una cosa es comunidad educativa; otra es que el Estado se acostumbre a que la comunidad tape sus omisiones. Una cosa es participación; otra muy distinta es que las familias pobres terminen financiando lo que la administración pública debía garantizar desde el inicio.
La educación pública no necesita más discursos solemnes, necesita aulas dignas, baños funcionales, ventilación, seguridad, pupitres en buen estado, docentes respaldados y tareas razonables que no conviertan a las madres en maestras sustitutas, gestoras, compradoras, técnicas de mantenimiento y financistas involuntarias del sistema. Si el derecho a la educación depende de cuánto puede aportar cada hogar, entonces ya no estamos hablando de igualdad de oportunidades, sino de una desigualdad organizada desde la omisión.
La pregunta es simple y cualquier ciudadano la entiende: si la educación fiscal es gratuita, ¿por qué tantas familias la siguen pagando? La respuesta también debe ser directa: porque el Estado no está cumpliendo completamente su obligación, y cuando el Estado falla, la factura llega a la casa, casi siempre a las manos de una madre.
La gratuidad no puede ser una promesa de campaña, ni una frase constitucional repetida sin consecuencias, es una obligación jurídica, presupuestaria y ética. El interés superior del niño exige que el sistema educativo funcione pensando primero en niñas, niños y adolescentes, no en la comodidad de una administración que se acostumbró a pedir “colaboraciones” para cubrir lo que debió resolver. La educación pública debe ser gratuita de verdad, no gratuita solo en el papel.
María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada / Máster en Administración Pública / Activista
Columnista www.vibramanabi.com
13/5/2026
